La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha decidido archivar la denuncia presentada por un trabajador del Ayuntamiento de Arrecife y miembro del Comité de Empresa, José Marcial Cabrera Figuera, contra la alcaldesa Eva de Anta, por la adjudicación del contrato de gestión de multas de tráfico en la ciudad. "No consta debidamente acreditada la comisión por parte de la persona denunciada de un hecho susceptible de ser calificado como ilícito penal", señala el decreto firmado por la fiscal Inés Amparo Rodríguez.
El denunciante acudió a Fiscalía en noviembre de 2016 y el pasado mes de abril presentó una ampliación de su denuncia, aportando un informe del tesorero. Sin embargo, tras analizar toda la documentación, la fiscal concluye que no hay elementos para hablar de un delito de prevaricación, y que en todo caso, cualquier discrepancia con el contrato debería resolverse en la vía contencioso administrativa.
Entre otras cosas, el denunciante sostenía que la adjudicación del servicio de multas a la empresa "Coordinadora de Gestión de Ingresos SA" se realizó sin informe de Intervención y "sin que conste previa consulta o informe a la Tesorería del Ayuntamiento". Y estas afirmaciones, según la Fiscalía, "no resultan justificadas", ya que sí consta en Intervención "la petición de retención de crédito, el documento de retención de crédito y la solicitud de fiscalización del contrato, sin que por parte de dicho departamento se formulara reparo alguno de legalidad".
La adjudicación, avalada por un acuerdo de adhesión aprobado en Pleno
En cuanto al tesorero, señala que se le solicitó informe, aunque se concluyó que no era necesario. Y tampoco "era necesaria la intervención del departamento de Contratación", según la fiscal, ya que la adjudicación se realizó en base a un acuerdo de adhesión a la Central de Contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), "para poder contratar las obras, servicios y suministros que oferte la citada central, con las condiciones y precios que se fijen en los correspondientes contratos o acuerdos marcos". Y ese acuerdo de adhesión, tal como consta en un certificado del secretario, se aprobó en un Pleno celebrado en 2014.
La propia alcaldesa de Arrecife, según señala el decreto de Fiscalía, acudió a los Juzgados para entregar esta documentación, cuando "tuvo conocimiento por los medios" de la existencia de esta denuncia. Y ahí aportó el expediente de la adhesión a la Central de Contratación de la FEMP, así como un informe del representante de la empresa adjudicataria. En él se daba respuesta a otra supuesta irregularidad denunciada, sobre la presencia de un trabajador de esa empresa en dependencias públicas del Ayuntamiento.
Según el denunciante, esto era "inviable" ya que "en las dependencias municipales no podían prestar servicio personas ajenas a la Corporación". Sin embargo, la Fiscalía responde que "tal presunta irregularidad denunciada no puede ser considerada y elevada a la categoría de ilícito penal, sobre todo cuando se ha dado una justificación coherente del motivo por el que se contrató a tal persona, debiendo en el caso de que la misma fuera considerara irregular, ventilarse en el procedimiento administrativo o laboral correspondiente".
"Difícilmente puede tener encaje en el delito de prevaricación"
En cuanto al expediente de adhesión a la Central de Contratación de la FEMP, la Fiscalía señala que "no observa la omisión voluntaria o intencional de algún requisito esencial en la tramitación, por lo que los actos llevados a cabo difícilmente pueden tener encaje en el delito de prevaricación". Así, rechaza también que el Ayuntamiento se adhiriera a ese acuerdo marco "sin que exista acuerdo de la Junta de Gobierno o del Pleno o de la Alcaldía", como sostenía el denunciante.
Además, subraya que esa Central de Contratación es "uno de los sistemas creados por la Ley de Contratos del Sector Público" para la "racionalización de la contratación", estando clara su "legalidad" y sin que ofrezca "ninguna duda la adhesión del Ayuntamiento de Arrecife al sistema de adquisición centralizada de la misma".
Así, concluye que ese acuerdo de adhesión era un "título hábil" para llevar a cabo la contratación del servicio de gestión de multas del Ayuntamiento, por lo que ordena el archivo de las diligencias abiertas a raíz de esta denuncia.
