El exsecretario del Ayuntamiento de Arrecife Felipe Fernández Camero ha comparecido este viernes ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial en calidad de acusado. A Camero se le acusa de los delitos de asociación ilícita, cohecho, violación de secretos y falsedad en documento público. Para él, la Fiscalía pide una pena de once años y medio de cárcel.
En la primera sesión, el jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife durante esa etapa, el también acusado Rafael Arrocha, lo había involucrado en el amaño del concurso de la limpieza en la capital. Contó que fue el entonces secretario quien le facilitó la documentación con las ofertas de las empresas licitadoras antes de la apertura de plicas en acto público. Fue así como este técnico, siempre según su versión, se percató de que Urbaser (entonces Tecmed) no era la mejor posicionada para resultar adjudicataria y se pudo llevar a cabo el “cambiazo”, que consistía en la incorporación a la oferta de esa empresa de mejoras gratuitas que hiciesen superar a su competidora. Todo ello, dijo, siguiendo instrucciones de la alcaldesa.
“El jefe de la Oficina Técnica no dijo nada más que mentiras, mentiras inducidas, además”, respondió este viernes Fernández Camero en una extensa comparecencia que se ha alargado más de dos horas. El exsecretario ha defendido que era “imposible” manipular las ofertas antes de la apertura de las plicas porque los sobres estaban sellados y se hubiera notado y porque la documentación era tan voluminosa que no se hubiera podido transportar. Negó que fuese su responsabilidad la custodia de esos documentos presentados por las licitadores y, tras una larga diatriba con el fiscal, defendió que esa labor correspondía al funcionariado del registro de entrada (que dependía orgánicamente de su secretaría) en primera instancia y, posteriormente, a la mesa de contratación, de la que era vocal, pero no secretario.
El fiscal Javier Ródenas le recordó que durante su declaración en fase de instrucción manifestó que desde que entraban las ofertas de las empresas, la custodia correspondía al secretario. “Es una apreciación infundada. Sería un desliz por mi parte, pero es fácil. Se coge la ley y se lee”, ha contestado Fernández Camero.
Según el acusado, la alteración de las ofertas solo se pudo producir tras el acto público de apertura de sobres y, por ello, ha acusado del amaño a Rafael Arrocha, recordando que este técnico tardó “dos meses” en elaborar el informe-propuesta de adjudicación a Tecmed. “Es imposible revisar toda la documentación en dos días”, precisó para tratar de desmontar la tesis según la cual el cambiazo se produjo entre el 14 y el 22 de mayo de 2002.
Fernández Camero admitió que Urbaser pagó alguno de sus viajes a Madrid, pero lo justificó afirmando que se trataba de jornadas de trabajo en las que acudía como representante del Ayuntamiento, que era el trabajo que le encomendaban desde el Consistorio, que en ese momento no tuvo conocimiento de quién abonaba las facturas y que, además, en las mejoras incorporadas por la empresa en la oferta para el contrato de limpieza se reservaba una cantidad para la asistencia de políticos y funcionarios a ferias y congresos.
