El ex secretario del Ayuntamiento de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes, tendrá que cumplir una nueva condena de cárcel, que se suma a la que tiene pendiente por el caso Yate, en el que se acaba de ordenar su ingreso en prisión. La nueva resolución se ha dictado en otra causa en la que ya está condenado en firme, por las licencias ilegales que el Ayuntamiento otorgó a Pedro de Armas en el Plan Parcial Playa Blanca.
En este caso, la condena también es inferior a dos años de cárcel, pero el Juzgado ha rechazado suspender su cumplimiento. "No procede la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad toda vez que, visto su hoja histórico penal, le consta la comisión previa de delitos de la misma naturaleza y no queda acreditada circunstancia excepcional alguna que justifique la suspensión", señala el auto fechado el pasado 28 de enero y dictado por el Juzgado de lo Penal Número 1 de Arrecife, que fue quien juzgó esta causa.
No obstante, ese auto aún no es firme y de hecho ya ha sido recurrido por Bartolomé Fuentes, por lo que la ejecución de la sentencia tendrá que esperar hasta que se resuelva ese recurso. Mientras tanto, la que sí deberá cumplir es la condena del caso Yate, en el que se le impuso un año de prisión por delitos de prevaricación urbanística y malversación de caudales públicos. En esa causa, por la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca, el ex secretario confesó los delitos que se le imputaban -reconociendo que informó a favor de las licencias del puerto deportivo Marina Rubicón y del Plan Parcial Playa Blanca a sabiendas de que eran ilegales- y aceptó la condena. Sin embargo, después intentó evitar su cumplimiento, primero pidiendo que se suspendiera la ejecución al ser inferior a dos años y después solicitando un indulto al Gobierno, que acaba de ser rechazado.
Informes "manifiestamente contrarios a la normativa"
Aunque Vicente Bartolomé Fuentes decidió confesar en el caso Yate, no lo ha hecho en otras causas, en las que ha seguido manteniendo la misma estrategia de defensa que ha sostenido en las dos últimas décadas, alegando que él se limitaba a realizar "informes de trámite" ?llegando incluso a sostener que eran "meras plantillas"- e intentando restarles valor, a pesar de que era el secretario del Ayuntamiento y por tanto el funcionario de mayor rango en la institución.
"No se trata de que los informes sean más o menos acertados, o más o menos contrarios al ordenamiento jurídico, sino que son manifiestamente contrarios a la normativa y carecen de base alguna, porque más allá de la literatura que artificialmente explicitan, omiten dolosamente recoger las ilegalidades objetivas flagrantes existentes que conducirían inexorablemente a la denegación de las licencias finalmente autorizadas", señalaba la sentencia al referirse a los informes que emitió para autorizar la construcción de 66 villas en dos parcelas vinculadas a Pedro de Armas.
Una de las licencias se le otorgó directamente a De Armas, que era compañero de partido y socio de Reyes, y la otra a una empresa a la que le acababa de vender el terreno, en una doble compraventa que se realizó en el mismo día y en la que Pedro De Armas ganó 800.000 euros sin salir de la notaria, comprando y vendiendo el suelo en la misma mañana.
Una conducta "esperpéntica", "grosera", "flagrante" y "torticera"
Junto al secretario, en esta causa también fueron condenados José Francisco Reyes y el jefe de la Oficina Técnica, Antonio Lorenzo, en una sentencia que fue después ratificada por la Audiencia Provincial que tachó de "esperpéntica", "grosera", "flagrante" y "torticera" la conducta de los tres condenados.
En cuanto a las licencias, señalaba que son de una "ilegalidad clamorosa" y que se otorgaron "en base a una fundamentación absurda incluso para quien no tuviera especiales conocimientos especializados al respecto". Así, desmontaba la estrategia de defensa que han venido manteniendo los acusados en ésta y otras causas y reflejaba el modus operandi que se impuso en Yaiza durante años, con técnicos que elaboraban informes vacíos de contenido para dar una supuesta cobertura al alcalde para otorgar permisos ilegales.
"De la simple lectura de los informes elaborados por el acusado se llega a la conclusión de que son huecos y carentes de contenido", señalaba la sentencia, que concluía que esos informes de Vicente Bartolomé Fuentes y de Antonio Lorenzo eran "simples pantallas meramente formales" para "aparentar artificialmente el cumplimiento de una normativa que todos los implicados eran plenamente conscientes de que estaban infringiendo". Y es que subrayaba que esos dictámenes no analizaban "las disposiciones técnicas", ni examinaban "la normativa urbanística aplicable", ni tan siquiera incluían "una parte dispositiva en la que se incluya un pronunciamiento favorable o desfavorable para la concesión de la licencia".
