El Ayuntamiento de Yaiza ha ordenado el cierre de la bodega Stratvs, que fue precintada hace más de cinco años por orden judicial y que volvió a abrir sus puertas hace cerca de dos meses sin haber obtenido una nueva licencia. Lo que hizo en ese momento el dueño de la bodega, Juan Francisco Rosa, fue acogerse a la nueva normativa que permite abrir un negocio con una declaración responsable mientras se conceden los permisos. Sin embargo, una vez más, esa declaración que entregó no se ajustaba a la realidad.
"No cumple con la documentación que presentaron", ha explicado este lunes el alcalde, Óscar Noda, que desde hace semanas venía señalando que el Consistorio estaba pendiente de informes para tomar una decisión. Ahora, tras realizar una visita a las instalaciones y analizar los documentos aportados por el empresario, esos informes ya están sobre la mesa y llevaron a notificar la orden de cierre la pasada semana.
No obstante, el alcalde precisa que la empresa aún está "en plazo de alegaciones" contra esa decisión, por lo que de momento el Consistorio no actuará para garantizar que se cumpla esa clausura. "Una vez que las presenten, seguiremos estudiándolo y revisándolo", ha añadido Noda.
Unas jornadas del Cabildo incluyeron una visita a esta bodega ilegal
A principios del pasado mes de marzo, La Voz de Lanzarote ya informó de que la tienda de Stratvs había reabierto sus puertas sin licencia, pero después se conoció que Rosa también había vuelto a poner en marcha la bodega. De hecho, unas jornadas de periodistas gastronómicos organizadas hace unas semanas por el Cabildo ?y que se celebraron en otras instalaciones ilegales del mismo empresario, el hotel Princesa Yaiza- incluyeron incluso una visita a estaba bodega ilegal, que acogió parte de las actividades sufragadas con dinero público.
El complejo Stratvs fue cerrado por orden judicial hace más de cinco años y aunque esa medida cautelar fue levantada cuatro años después en un auto dictado por el polémico juez Salvador Alba ?actualmente apartado y pendiente de juicio por graves delitos de corrupción en el ejercicio de su cargo-, la Sala advirtió después que eso no suponía "la autorización de este Tribunal para el ejercicio de la actividad". En esa resolución posterior, la Audiencia dejaba claro que lo que hizo fue levantar la medida cautelar por el tiempo transcurrido desde que se adoptó, pero sin analizar si era legal su reapertura o no. Así, dejaba la decisión en manos de las instituciones, señalando que debían ser el Cabildo y el Ayuntamiento de Yaiza quienes velaran por el cumplimiento de la "normativa".
Por su parte, la Fiscalía se opuso rotundamente a la reapertura de Stratvs, señalando que "es ilegal su funcionamiento por la carencia de títulos habilitantes y la contradicción frontal con el planeamiento urbanístico que le es de aplicación". De hecho, en el primer juicio del caso Stratvs ya fue declarara ilegal la licencia de actividad que permitió su apertura, bajo la Alcaldía de Gladys Acuña, y tanto ella como otras siete personas fueron condenadas por haber otorgado ese permiso.
La Fiscalía pide la demolición
En el juicio principal que aún está pendiente de juicio, el Ministerio Fiscal reclama la demolición de todo el complejo, al sostener que es ilegal e ilegalizable. Y es que además de señalar que obtuvo un permiso ilegal, la instrucción de esta causa puso de relieve que lo construido ni siquiera tenía nada que ver con lo que se había autorizado, que era la rehabilitación de una casa histórica protegida y la construcción de una bodega de 900 metros. En lugar de eso, tal como sostiene la acusación, Rosa derribó esa casa protegida y construyó una nueva ?que es donde se ubica la tienda- y levantó un complejo de más de 12.000 metros cuadrados, que además incluía terrazas y un restaurante que ni siquiera estaban incluidos en el proyecto.
Durante la instrucción del caso Stratvs y tras ser advertido por el Juzgado, el Ayuntamiento abrió tres expedientes y llegó a concluir uno de ellos, ordenando el cierre del restaurante, que ni siquiera aparecía en el proyecto presentado en su día por Rosa para obtener los permisos para construir Stratvs.
En cuanto los otros dos expedientes, sobre la tienda y sobre la bodega, también proponían el cierre pero no llegaron a culminarse, al intervenir finalmente el Juzgado de Instrucción, ordenando el precinto de todo el complejo ante la "inactividad" del Consistorio. De hecho, en la primera sentencia de Stratvs, Gladys Acuña no solo fue condenada por prevaricación en la concesión de la licencia de actividad, sino también por omisión, por no haber actuado cerrando las instalaciones a pesar de conocer, al menos por las propias advertencias del Juzgado, que eran ilegales y que nada tenían que ver con el proyecto que se había autorizado.
