La Audiencia de Las Palmas ha aplazado este jueves el juicio contra un hombre y una mujer acusados de haber reclutado a una menor vulnerable de un centro de acogida para explotarla en la prostitución en Playa del Inglés (Gran Canaria) al haber renunciado el procesado a su abogado.
El presidente del tribunal, el magistrado José Luis Goizueta, ha dado un plazo de 48 horas al acusado, G.V., para que encuentre un nuevo letrado, y, de no hacerlo, le ha comunicado que se le asignará uno de oficio, al tiempo que ha señalado de nuevo el juicio para el próximo 22 de enero.
El abogado de ambos procesados, que se enfrentan a una pena de hasta 11 años y medio de cárcel, ha indicado a los periodistas que su cliente le comunicó su decisión antes del inicio de la vista oral prevista por "conflicto de intereses", al representar también a la acusada R.C.R.A.
Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, la acusada contactó con la menor y se ofreció a prestarle ayuda al tener conocimiento de que carecía de apoyo familiar y que se fugaba del centro de acogida en el que vivía.
La procesada presentó a la menor al imputado, que regentaba un club donde se ejercía la prostitución en Playa del Inglés, y éste entre los días 18 y 19 de marzo de 2024, indicó a la joven el horario que debía seguir, la zona donde debía estar y los clientes con los que debía practicar sexo, así como que tenía que entregarle el dinero que recibiera por esos servicios, señala la Fiscalía en su escrito.
Además, al menos en una ocasión, el acusado, que conocía que se trataba de una menor en situación de vulnerabilidad, mantuvo sexo con ella a cambio de pagarle 50 euros.
Conforme a lo que mantiene la Fiscalía, la procesada tenía un acuerdo con el acusado para facilitarles chicas para que ejercieran la prostitución en su club para lucrarse ambos.
Los dos acusados se encuentran en prisión provisional por esta causa, G.V., desde el pasado 9 de agosto, cuando fue arrestado en Alemania tras dictarse una orden europea de detención, mientras que R.C.R.A., permanece en la cárcel desde el pasado 16 de enero.
La Fiscalía reclama una condena de 11 años y seis meses de prisión para el procesado como supuesto autor de dos delitos de prostitución y corrupción de menores y que se proceda a la clausura de su club.
Además, pide que el acusado no se pueda acercar ni comunicarse con la menor durante 23 años.
La procesada se enfrenta por estos hechos a una condena de siete años y seis meses de prisión y el Ministerio Público también solicita que se le prohíba comunicarse y acercarse por un periodo de ocho años a la víctima, además de que ambos indemnicen a la menor con el pago de 30.000 euros por los daños morales sufridos.
