La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha ratificado la condena a cinco personas por agredir brutalmente a dos agentes de la Guardia Civil durante las fiestas de La Santa, en Tinajo, en julio de 2017. La Audiencia Provincial ha ratificado la condena impuesta por el Juzgado de lo Penal número 1 de Arrecife en diciembre de 2024.
Una patrulla de la Guardia Civil acudió a la zona el 22 de julio de 2017 por las peleas que estaban protagonizando una veintena de personas en la calle a las 4.30 horas de la madrugada.
La sentencia declaró probado que Domingo B.G., Jeffrey B.T.N., Graciliano E.H., Kilian E.D. y David F.H. arremetieron en compañía de diez personas más contra dos guardias civiles que habían acudido a un garaje de la localidad de La Santa donde se estaba celebrando una fiesta de madrugada y les golpearon y derribaron al suelo.
Como consecuencia, uno de los agentes padeció una cervicalgia que tardó cinco días en curar tras una primera asistencia médica y el otro sufrió la rotura de dos dientes y una desviación de tabique nasal, que requirió de cirugía y le mantuvo de baja durante 45 días.
La juez absolvió, en cambio, a cinco hombres más que habían sido procesados y llevados a juicio por estos mismos hechos, al no haber pruebas suficientes de que participaran en la agresión a los agentes.
La Asociación Independientes de la Guardia Civil ha celebrado que el Juzgado haya ratificado la pena a cinco de los agresores, pero ha criticado que el proceso ha tardado más de siete años en resolverse. "Esa dilación se ha traducido en beneficios para los condenados y en sufrimiento añadido para las víctimas”, ha precisado el vicepresidente y portavoz nacional de IGC, Daniel Fernández. “No se puede exponer a guardias civiles a agresiones colectivas y después aceptar condenas parciales. La falta de medios para identificar a todos los responsables es un problema estructural que exige una solución urgente”, ha añadido el representante de la asociación profesional tras conocerse el texto de la sentencia.
“Exigimos que el Estado asuma de forma subsidiaria las indemnizaciones en caso de insolvencia de los condenados. La reparación a los agentes heridos no puede depender de la capacidad económica de quienes les agredieron”, ha reivindicado Fernández.
Al mismo tiempo, IGC ha reclamado medios de grabación de imágenes que eviten la impunidad.
