La Audiencia ha rechazado recusar al juez Jerónimo Alonso como había solicitado el abogado Ignacio Calatayud en la instrucción de la causa que se investiga a Pedro San Ginés por varios presuntos delitos de corrupción. En el auto, los magistrados afirman que "la recusación en los términos en que está planteada es infundada y por tanto, debe rechazarse".
"En absoluto, las alegaciones del recusante son cobijables" en los casos en los que la ley contempla entre las que se encuentran la amistad íntima o enemistad manifiesta de las partes, tener interés directo o indirecto o haber participado en la instrucción de la causa penal o haber resuelto el pleito o causa en anterior instancia, expone la sala.
"Ante la carencia absoluta de recusación por ninguna de las causas que se alegan que, en ningún caso, pueden estimarse justificadas, la recusación planteada debe desestimarse, devolviendo al recusado el conocimiento del pleito o causa en el estado en que se hallare"
Como se recordará, el juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife ordenó registrar la casa del expresidente del Cabildo y actual portavoz de Coalición Canaria el pasado 28 de marzo. Una investigación que se encuentra en secreto de sumario.
Posteriormente, el propio Pedro San Ginés realizó una rueda de prensa en el Cabildo de Lanzarote, en la que trató de explicar la causa del registro de su vivienda. El propio expresidente de la Corporación explicó que uno de los motivos de la investigación se centraba en la compra de su casa, en la que vivió durante años de alquiler y después terminó adquiriendo, en una fecha que no quiso precisar.
La vivienda en cuestión pertenecía al abogado Felipe Fernández Camero, que es el suegro del letrado al que también se investiga en esta nueva causa, Ignacio Calatayud, por los pagos que recibió bajo la presidencia de San Ginés. El propio consejero aseguraba en esa rueda de prensa que se le investigaba por "la apropación indebida de 850.000 euros por parte de ese letrado con su complicidad". No obstante, el expresidente aseguró que todos los pagos sobre la vivienda "eran legales".
