La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha exigido que se ejecuten las sentencias condenatorias de una de las piezas principales del caso Unión. Esta pieza juzgó el cobro de las comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Arrecife a cambio de adjudicaciones de obra o de favores en el cobro por determinados servicios.
Entre los condenados está el expresidente del Cabildo de Lanzarote, fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, quien entre 2007 y 2009 desde prisión se encargaba de "muñir" el cobro de las citadas comisiones ilegales.
La sentencia, ya firme, fue ratificada en septiembre de 2022 por el Tribunal Supremo. Además de Dimas Martín, en ella se condenaron a Juan Rafael Arrocha, Carlos Francisco Sáenz, Ubaldo Becerra, Antonio Jerónimo Machín, Jesús Manuel Martín, Samuel Jesús Lemes, Manuel Gregorio Reina, Antonio Gómez Ruiz y Antonio Cárdenas Carrillo.
Además, la Audiencia Provincial exigió que se abrieran piezas separadas para la ejecución de las penas impuestas a cada uno de los diez penados.
Diez condenados
En cuanto a las personas condenadas, el exconcejal de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Arrecife Antonio Machín fue condenado a ocho años y un día de prisión, 18 años de inhabilitación y una multa de 95.000 euros.
En esta causa, Dimas Martín fue declarado como el "verdadero muñidor" de la trama de corrupción y fue condenado a siete años y cinco meses de prisión, 22 de inhabilitación, así como una multa de 4.200 euros y otra de 219.000 euros.
Al exconcejal del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) Ubaldo Becerra se le impuso cuatro años y dos meses de prisión, así como a una multa de 70.900 euros y la devolución del dinero malversado. Al colaborar con la justicia y confesar el delito recibió una rebaja de la pena.
Carlos Saénz, condenado en varias ocasiones, recibió tres años y medios de prisión e inhabilitación absoluta durante cinco años, así como devolver al Ayuntamiento 129.985 euros. Mientras que a Rafael Arrocha y Antonio Cárdenes solo se les impuso una pena económica.
Uno de los empresarios encausados Manuel Gregorio Reina Fabre, fue condenado a dos años y seis meses de prisión. Mientras que para los empresarios Antonio Gómez, Jesús Manuel Martín y Samuel Lemes la pena de prisión es inferior a los dos años.
Asimismo, aquellos condenados a menos de dos años de prisión podrán evitar la cárcel. Mientras que los penados de más de dos años, tienen un plazo de cinco días desde que se efectúe el requerimiento para ingresar en prisión.
