El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) investigará la actuación del Juzgado de Instrucción número uno de Arrecife por el caso de Romina Celeste, según ha adelantado este miércoles El País. Raúl Díaz Cachón, acusado de matar y descuartizar a su mujer, salió de la cárcel tras haber pasado cuatro años en prisión provisional, el tiempo máximo permitido por la ley, sin tener aún fecha para su juicio.
De acuerdo con la información de El País, la autoridad disciplinaria del Consejo admitió la queja presentada por la abogada de la familia de la víctima. En el documento, la letrada Emilia Zeballos tachó de “relajada” la actitud del juzgado y señaló a las autoridades por entrar “en el juego” de las maniobras de la defensa para retrasar la instrucción.
A través de la Unidad de Atención Ciudadana, la queja llegó a Ricardo Conde, promotor de la acción disciplinaria del CGPJ. Según dicta el procedimiento, el promotor deberá ahora elaborar un informe del juzgado. Ese será el paso previo para determinar si se abre o no un expediente disciplinario contra el juzgado de Instrucción de Lanzarote, que puede acabar en sanción para el titular.
La denuncia presentada por la abogada relata los impedimentos encontrados durante la investigación judicial. En noviembre de 2019 se encargó a la Guardia Civil un informe pericial acerca de unas tijeras compradas por el acusado para conocer si podrían trocear carne humana. No fue hasta enero de 2020 que el caso se derivó al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Esta última petición se elaboró hasta en dos ocasiones: en enero y en junio de 2020.
Tras la segunda petición, el organismo pidió que le enviaran las tijeras para analizarlas. El 27 de agosto de 2020 llegaron al Instituto de Medicina Legal. Aún así no fueron estudiadas entonces. Al año siguiente, en julio de 2021, el juzgado reiteró su petición ante el organismo. No hubo respuesta. No fue hasta marzo de 2022 cuando el juzgado marcó un ultimátum y dio un plazo de 10 días al organismo para entregar el informe pericial. La prueba llegó en abril de 2022.
La abogada de la familia de Romina Celeste tachó de “irrelevante” la diligencia de las tijeras y consideró que solo era una maniobra para perder el tiempo. El caso de las tijeras no fue el único en retrasar la causa. La defensa también solicitó un informe psicológico del acusado, pero para la letrada acusadora el resultado de ese informe no condicionaba “la culpabilidad o las circunstancias de imponer la pena”.
La investigación del CGPJ se suma a la iniciada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). El máximo organismo judicial canario realizó una primera investigación cuando el pasado enero se conoció la puesta en libertad del acusado, pero no consideró que hubiera alguna alteración en la causa.
