Los empleados del Centro de Acogida de Menores Extranjeros de Arrecife (CAME-1) no emprenderán acciones judiciales contra los presidentes de tres asociaciones de inmigrantes que acusaron a las trabajadoras de cometer presuntos malos tratos contra los inmigrantes, ya que lamentan que el delito "ha prescrito".
Así lo han indicado a través de un comunicado de repulsa hacia el presidente de la Asociación de Uruguayos de Lanzarote, José Morales, el presidente de la Asociación Cultural Colectivo Inmigrantes Independientes de Canarias, Guelage Gano, y el presidente de la Asociación de Senegaleses en Lanzarote "Gente Unida", Sheik Mousa Nying, que denunciaron públicamente supuestas vejaciones en esta instalación. Las tres trabajadoras fueron absueltas hace diez días en un juicio, que se declaró nulo porque prescribió el procedimiento.
En el comunicado cargan especialmente contra José Morales, de quien dicen que "sólo buscaba notoriedad pública y un falso prestigio entre sus adeptos". En este sentido, lamentan que este tipo de comportamientos "quede impune" y, aseguran que ya no se puede denunciar a Morales por "difamación, calumnias e injurias", ya que estos delitos han prescrito.
"Ignorantes del procedimiento legal y sin asesoría alguna sobre ello, optamos como muestra de prudencia y respeto a los menores y a la institución de la que dependemos, esperar a que se resolviera el caso, antes de iniciar procedimiento penal alguno. Encontrándonos con la desagradable sorpresa de que con el tiempo transcurrido, ha prescrito este delito", indican los trabajadores de este centro.
Pese a que no pueden emprender medidas judiciales, los trabajadores del CAME sí que han querido dejar clara su postura de rechazo al comportamiento de José Morales. "Lamentamos profundamente que individuos como José Morales falten a la verdad y no tengan reparos en lanzar falsas acusaciones, llegando a afirmar que tenía pruebas grabadas y testimonios que nunca fueron presentados".
Sin denuncia por parte de Morales
Asimismo, han querido aclarar que Morales nunca denunció ante los juzgados a las tres trabajadoras, sino que se limitó a realizar una condena pública. Así, fue el propio Cabildo quien llevó el tema a los Juzgados, después de que los tres colectivos de inmigrantes presentaran un informe en el departamento de Asuntos Sociales. En su momento, fue el entonces consejero de esta área, Joaquín Caraballo, quien dio traslado de la denuncia a la Fiscalía, aunque aseguró que el Cabildo no tenía ningún indicio de que las acusaciones tuvieran base real.
Por ello, estos empleados no se explican por qué Morales dijo a las puertas de los juzgados, después de que el juicio se hubiera declarado nulo, que pensaba retirar la denuncia, si realmente "nunca la había interpuesto".
"Continuar con coraje y empeño"
Los empleados del CAME han destacado que en la investigación interna realizada por la Consejería de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote "queda acreditada la absoluta falsedad de las acusaciones". En este sentido, han asegurado que siempre confiaron en las tres trabajadoras acusadas y por eso no fueron apartadas de su cargo.
Los trabajadores del CAME han indicado que "pese a la pesadilla de estos 14 meses", cuando estas asociaciones realizaron la condena pública, tienen la intención de "continuar con el mismo coraje, empeño e ilusión en sacar adelante un proyecto social en el que creemos".
