Agentes de la Policía Nacional han destapado un fraude de 5,5 millones de euros a las arcas de la Seguridad Social en las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife mediante la creación de sucesiones empresariales opacas y de mercantiles pantalla. Según el cuerpo policial, hay 34 personas responsables, a las que se les imputan delitos como fraude de cotizaciones, frustración a la ejecución, fraude de prestaciones, falsedad documental, estafa, contra el derecho de los trabajadores y malversación.
Las investigaciones comenzaron a principios de año, después de que los agentes recibieran varias denuncias sobre presuntas irregularidades cometidas por diversos empresarios que no pagaban los seguros sociales de sus trabajadores, obteniendo con ello un provecho económico y causando un perjuicio a la Tesorería General de la Seguridad Social.
Tras un minucioso estudio de la documentación, se observó que en todos los casos analizados se pretendía eludir el pago de las cantidades adeudadas y frustrar las legítimas aspiraciones de cobro de la Tesorería. Para ello, en varios de los casos, creaban sucesiones empresariales opacas y mercantiles pantalla con las que ocultar los beneficios obtenidos y el patrimonio de las sociedades investigadas.
Tras diez meses de investigaciones se ha cuantificado el fraude al Organismo Público en más de 5,5 millones de euros, el cual proviene de sectores como la restauración, la hostelería, actividades deportivas, el textil, la asesoría, la construcción, la inversión o la comunicación. Los 34 responsables han resultado ser principalmente los administradores de las empresas, pero también "sus testaferros, algunos trabajadores que figuraban en connivencia, así como familiares de los primeros", según la Policía.
Trabajadores con jornadas maratonianas
Según la Policía Nacional, una familia canaria puso en marcha hace ocho años un plan para eludir el pago de las cuotas a la TGSS y evitar embargos de manera fraudulenta, operando con una nueva sociedad libre de cargas que facturaba de manera irregular las ventas realizadas de la deudora. Generó así una deuda de 326.166,97 euros con el organismo público.
Esta argucia permitió que la segunda empresa presentara cuentas anuales con beneficios a pesar de la elevada deuda de la primera sociedad. El negocio era altamente rentable, celebrando multitudinarios eventos de hasta 600 asistentes con los que se llegaba a facturar importes de entre 30.000 y 35.000 euros.
Con el fin de evitar que los acreedores pudieran cobrar, "los investigados ocultaron sus beneficios a través de ingresos en efectivo realizándose todos los pagos en metálico, incluidos los salarios de los trabajadores". Según la Policía Nacional, llegaba a tal extremo que en algún evento de más de 300 comensales se cobró en efectivo sin aceptar pagos con tarjeta, y aún teniendo operativo el terminal punto de venta, era habitual ver colocado un cartel en el que se podía leer "TPV estropeado".
El cuerpo policial afirma que "no era raro que el personal que se contrataba trabajase 60 horas a la semana, ni que en los días que había eventos las jornadas se convirtieran en verdaderos maratones de 13 o 14 horas que no eran compensadas, o que hubiera trabajadores sin alta en la Seguridad Social".
Sin embargo, el empresario, que conocía la precaria situación de uno de ellos, aprovechó para despedirle de manera oficial, aunque le retuvo cinco años como personal fijo sin contrato y le rebajó el salario de 1200 a 900 euros. Además le quitó la posibilidad de coger vacaciones, no retribuyéndole los periodos de descanso no disfrutados.
