Una mujer se ha puesto en contacto con La Voz para denunciar la pesadilla que está viviendo. Alquiló su casa a una familia en San Bartolomé en el año 2016, pero el inquilino dedicó el piso al cultivo de cannabis. Ahora, tras la salida de la casa del hombre, la mujer tiene dificultades para hacer frente al coste de la reforma que debe hacer para que la vivienda vuelva a ser habitable.
Según ha explicado, "tras llegar la pandemia, los retrasos en el pago del alquiler empezaron a ser cada vez más notables". Con el tiempo, el inquilino dejó de pagar y la propietaria decidió hablar con él. "Se puso muy agresivo y me amenazó con emprender acciones legales, que me costaría mucho dinero y que tardaría años", cuenta. Además, se empadronó en la casa.
Tras cinco meses sin pagar, la dueña se presentó en la vivienda para hablar con el inquilino. Como ignoraba a la dueña, esta decidió denunciarlo. "La Policía empezó a vigilar la casa y su abogado me dijo que se iba a mudar porque no le dejaba disfrutar de la propiedad", declara. "Informé a los agentes de lo que pasaba y lo pillaron esa misma noche intentando trasladar las 300 plantas junto con otros dos hombres", aclara la dueña.
Después de recuperar su propiedad, la dueña ha tenido que hacer frente a la reforma de la vivienda con un dinero que no tiene. "La instalación eléctrica me costó 2.000 euros", apunta. Asimismo, necesita al menos 20.000 euros para esta reforma. "Ya he gastado 15.000 euros a lo largo de los años", cuenta.
Por otro lado, se da el caso de que el inquilino tenía un negocio de cannabis en Puerto del Carmen. A través de la página de Facebook del establecimiento, la propietaria encontró fotos de dos habitaciones de su piso en las que el hombre tenía una plantación de esta sustancia. "Le pasé las fotos y me dijo que esa no era mi casa", explica.
Cuando la arrendadora pudo acceder a la vivienda, pudo comprobar que realmente no vivía allí, sino que dedicaba la casa al cultivo de cannabis. "Toda la casa era una plantación, todas las habitaciones e, incluso, la cocina", recuerda.
El inquilino, después de dejar la casa, trasladarse a Tahíche y hacer lo mismo con otra casa, fue descubierto y se procedió a cerrar su negocio porque "se encontraron sustancias ilegales en el mismo". Sin embargo, el juicio contra el denunciado no se ha podido llevar a cabo. "El juzgado no ha sido capaz de hacerle llegar la citación al juicio, por lo que siempre se cancela", lamenta.
Además, por el impago del inquilino, la mujer tuvo que buscarse tres trabajos durante un periodo de seis meses porque no podía hacer frente a las facturas. Asimismo, la mujer lamenta que "los juzgados, la policía y los políticos no hagan nada" y opina que al Gobierno estatal "no le importan los ciudadanos", ya que ni se ha celebrado el juicio ni condenado al inquilino.
