La Asociación Sentirte ha denunciado este martes la grave situación que atraviesan numerosas familias debido a los retrasos de hasta dos años en la tramitación de los expedientes de discapacidad y dependencia por parte del Gobierno de Canarias. "Una situación insostenible que está impidiendo a las familias acceder a las deducciones económicas , ayudas específicas vinculadas al grado de dependencia y discapacidad, becas educativas e incluso a empleos adaptados para jóvenes con discapacidad", han afirmado.
“Estamos hablando de expedientes que se están eternizando. Hay familias que llevan más de dos años esperando una resolución. Mientras tanto, pierden ayudas esenciales, deducciones fiscales y oportunidades de inserción”, ha denunciado Saula Rodríguez, portavoz de Sentirte. “La administración no solo no nos acompaña, sino que nos bloquea derechos que son fundamentales”, ha continuado.
Desde la asociación subrayan que "una tramitación inadecuada impide que las familias puedan acogerse a deducciones fiscales como la de descendiente con discapacidad o por cuidado de personas dependientes, lo que supone un perjuicio económico directo". Además, muchas de estas familias "están viendo cómo sus hijos e hijas quedan fuera de las convocatorias de becas y otros apoyos como la reducción de matrículas educativas por no tener reconocido su grado de discapacidad, a pesar de cumplir los requisitos en la práctica".
“Ya no hablamos solo de la obtención del grado sino de familias que tienen que revisar su grado y pierden las prestaciones”, añade. “Lo que está pasando es gravísimo. Se están vulnerando derechos de menores, de personas dependientes, de familias que ya están en una situación difícil y que ven cómo el sistema no solo no las apoya, sino que las castiga”, ha asegurado Rodríguez.
La asociación recuerda que estas familias destinan muchos más recursos que la media a la atención, intervención y cuidado de sus hijos e hijas, y que la falta de respuesta institucional está agravando una situación que ya de por sí es compleja. “Es profundamente injusto. No se puede hablar de inclusión mientras se permite este nivel de abandono”, han señalado.
Desde Sentirte exigen al Gobierno de Canarias una actuación inmediata, con medidas extraordinarias para resolver el colapso en los servicios de valoración y para garantizar que ninguna familia siga perdiendo derechos y recursos por culpa de la ineficacia administrativa.
