El Juzgado de Instrucción Número 3 de Arrecife ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa en la que estaba imputado el alcalde de la ciudad capitalina, Enrique Pérez Parrilla, por un presunto delito contra el Patrimonio. El juez ha atendido a la petición del Ministerio Fiscal, que pedía que se archivara la causa relativa a las obras que realizó el Ayuntamiento en un edificio protegido de Arrecife.
Según sostenía el fiscal en su escrito y ratifica el magistrado, "los hechos investigados podrían ser constitutivos de infracción penal, si bien no existe base suficiente para atribuir su perpetración a ninguna persona determinada". Es decir, en el auto judicial, fechado el 25 de septiembre, se aclara que no se ha podido determinar la identidad de los responsables de los hechos denunciados.
Este asunto se remonta a 2008, cuando el Consistorio de Arrecife realizó unas obras en un inmueble, que data de finales del siglo XIX. El edificio está incluido en el Catálogo de Protección del municipio y en el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT), al enmarcarse dentro del área de influencia de un Bien de Interés Cultural (BIC). Esto obligaba a solicitar autorización al área de Patrimonio del Cabildo, antes de realizar cualquier obra.
Sin embargo, esto no sucedió. Cuando el Ayuntamiento recuperó este edificio, que fue cedido durante años al Cabildo, realizó obras de acondicionamiento sin permiso previo. Con estos trabajos, se destruyó una ornamentación característica de la fachada del edificio, según Patrimonio.
Así, los técnicos del Cabildo remitieron informes a la Administración municipal sobre la intervención en este edificio. Más tarde, la presidenta del Cabildo, Manuela Armas, firmó una orden de paralización de las obras, pero las labores continuaron. Finalmente, intervino el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), que interpuso una denuncia en los Juzgados, dando lugar a un proceso judicial contra el alcalde de Arrecife por un presunto delito contra el Patrimonio y otro de desobediencia civil.
"Incierta y oscura" actuación municipal
Ahora, la Justicia se ha pronunciado y ha decidido sobreseer la causa, aceptando así la solicitud de la Fiscalía, que no sabe a quién culpar por estos hechos. El fiscal considera que la actuación municipal es "tan incierta y oscura que impide entrar a valorar si los hechos son causados voluntariamente o a título de imprudencia grave".
"No se puede imputar al alcalde a título de comisión por omisión, por lo que sólo resta estudiar la posible autoría del ejecutor material de los daños, es decir, la contratista. A ésta tampoco se le debe tomar declaración como imputada, porque no hay razón para pensar que supiera nada sobre los valores históricos del edificio, porque lo niega saber, porque nadie se lo dijo y porque no viene publicado en ningún boletín", asegura el Ministerio Público.
La Fiscalía constató también, durante este proceso, "el oscurantismo en el seno del Ayuntamiento y de la Oficina Técnica" a la hora de atribuir "responsabilidades" y de identificar "a los firmantes" de los informes. No obstante, señala que la decisión de seguir las obras en el inmueble, pese a la prohibición del Cabildo, "sería del concejal imputado José Miguel Rodríguez" y de un técnico. Cabe recordar que el edil Rodríguez permanece en estos momentos en la cárcel por su presunta vinculación con la Operación "Unión".
El alcalde "tomó cartas en el asunto"
La Fiscalía no encuentra culpabilidad en la actuación de Enrique Pérez Parrilla porque éste tuvo que recibir llamadas de la presidenta del Cabildo, Manuela Armas, "para enterarse de que las obras continuaban a pesar de la paralización acordada". En ese momento, el alcalde de Arrecife "tomó cartas en el asunto de forma directa", pese a que "su orden verbal fue al jefe de la Oficina Técnica, Juan Rafael Arrocha, que manifestó que se fue de viaje y no sabe quién ordenó" que continuaran las obras. Arrocha, al igual que José Miguel Rodríguez, está imputado en la Operación "Unión".
Para el Ministerio Público, es en el "seno de la Oficina Técnica donde se toman las decisiones relativas a las obras, tanto en su ejecución como en su continuación". No obstante, indica que es "una mera deducción que no puede imputarse a alguien en concreto hasta el punto de formular acusación contra él".
Según se explica en el auto, el Ayuntamiento contrató, mediante la adjudicación directa con "Construcciones Santana", la ejecución de las obras en el interior del inmueble, y luego las del exterior. La empresa, según la Fiscalía, "ha de sentirse efectivamente arropada por la decisión municipal", ya que "obviamente" el conocimiento del valor de los esgrafiados "no están al alcance del ciudadano medio".
Carpintería, conservada
Asimismo, la Fiscalía considera que las fichas del catálogo otorgaban a este inmueble un grado de "protección ambiental" y con carácter específico dotaban de protección "a la carpintería de madera" que, según el Ministerio Público, "ha sido conservada en su estado original, según las conclusiones del informe pericial". Por ello, afirma que pese a que el inmueble esté catalogado no significa que se haya cometido un hecho delictivo, ya que el elemento que le da esa especial protección "se ha conservado".
Por todo ello, la Fiscalía solicitó al magistrado que instruía la causa que la archivara provisionalmente, al entender que "efectivamente se causaron daños" en los valores históricos de la fachada del inmueble y que "se desobedeció la orden" de la Manuela Armas pero, a su vez, "no se puede acusar por estos hechos a ninguna persona determinada".
