El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, ha asegurado este lunes que no va a dimitir de su cargo después de que gran parte de las fuerzas políticas lo pidiesen el pasado viernes, al conocerse el auto que pone fin a la instrucción de la causa por la incautación de la desaladora de Montaña Roja. En ese auto, el juez Jerónimo Alonso concluye que hay indicios para llevar a juicio a San Ginés y a otras tres personas por presuntos delitos de prevaricación y coacciones.
"Tanto mi letrado como el resto nos encontramos, cuanto menos, sorprendidos por el extraño auto judicial, a nuestro juicio, contra lo que cabía esperar", ha señalado el presidente del Cabildo y del Consejo Insular de Aguas en una rueda de prensa, en la que ha respondido solo a algunos medios de comunicación y ha vetado las preguntas de La Voz de Lanzarote. "Yo jamás he tomado una decisión a sabiendas de su injusticia, y estoy convencido de quienes me asesoraron tampoco", ha afirmado, tras anunciar que recurrirá ese auto. Así, ha insistido en que ordenó la incautación contando con asesoramiento "verbal", aunque lo cierto es que no había un solo informe por escrito que propusiera o avalara esta medida. "La única conclusión que auguro, de celebrarse ese juicio, es la absolución", ha sostenido el presidente.
San Ginés ha comparecido en el Salón de Plenos del Cabildo, hasta donde se han desplazado distintos cargos públicos de su partido, como el alcalde de Haría, Marci Acuña, el de Teguise, Oswaldo Betancort, el de Tinajo, Jesús Machín, y el teniente alcalde de Arrecife,Rafael Juan González, además de los consejeros de CC en la Corporación insular. "Se agradece ver aquí a alcaldes y cabezas de lista de la capital de la isla y de los tres municipios donde gobernamos y, por supuesto, a todos mis compañeros de Coalición Canaria. Es una muestra evidente de que confían plenamente en que yo me haya podido haber equivocado, pero saben positivamente que jamás adopto una decisión a sabiendas de su injusticia", ha apuntado el presidente.
No hubo "provecho económico", según el presidente
En cuanto a su negativa para dimitir del cargo, el presidente ha hecho referencia al código deontológico de Coalición Canaria. Según San Ginés, éste recoge que "se podrán tomar medidas cautelares de suspensión de militancia cuando se haya procedido judicialmente a la apertura de juicio oral y el Ministerio Fiscal formule escrito de acusación por delitos que representen haberme desviado de mi responsabilidad pública para obtener provecho económico para terceros o para el partido". A continuación, además de señalar que aún no se han presentado los escritos de acusación ni se ha ordenado la apertura de juicio oral, ha adelantado que tampoco renunciará cuando llegue ese momento, ya que sostiene que no ha habido un "provecho económico". "Habría que descartar en principio si quiera la posibilidad de plantear la dimisión con independencia de los hechos, que se juzgarían cuando se juzguen, si se juzgan", ha señalado el presidente.
Cabe recordar que en el auto que pone fin a la instrucción de esta causa, se señala que quien obtuvo un "beneficio económico" por la incautación de las plantas fue Canal Gestión, a quien el presidente le entregó la gestión de la desaladora de Montaña Roja, hasta que esa decisión fue anulada y declarada ilegal por los tribunales. Además, el auto hace también referencia al dinero que cobraba el abogado Ignacio Calatayud, que asesoró a San Ginés para llevar a cabo la incautación mientras trabajaba para Canal Gestión.
"Realizó el asesoramiento jurídico con conocimiento de que la medida cautelar desembocaría en que la entidad Canal Gestión Lanzarote recibiría la gestión de las instalaciones incautadas, con el consiguiente beneficio económico", señala el auto, que recuerda que Calatayud tenía un contrato con Canal por el que cobraba 3.300 euros mensuales más IGIC, por servicios de asesoramiento jurídico, y que esta misma empresa pagaba al abogado para que asesorara al Consorcio de Aguas, "a cambio de un precio de 17.900 euros". Además, también hay otra pieza separada de esta misma causa, que investiga los pagos realizados desde la institución pública a este mismo abogado. Y en ella están investigados tanto San Ginés como Calatayud.
"Podemos haber cometido una irregularidad administrativa"
"Se me antoja desproporcionado que se nos acuse de prevaricación", ha señalado el presidente del Cabildo. "En el peor de los casos podemos haber cometido un error, una irregularidad administrativa, pero nunca jamás prevaricación", ha defendido San Ginés. "Mi conciencia y mi ánimos están absolutamente tranquilos y serenos", ha añadido.
En cuanto a la posible comisión de un delito de coacciones, por el que también está imputado en esta causa, San Ginés ha asegurado que en su declaración ante el juez "jamás" se le "preguntó por las coacciones siquiera". "En cualquier caso, yo coaccionar difícilmente pude coaccionar, porque allí no estaba, concretamente creo que ninguno, entre otras cosas porque se hizo en presencia de la Guardia Civil", ha apuntado el presidente, refiriéndose al momento en que se ejecutó su orden de tomar las plantas de Club Lanzarote, para la que requirió la presencia de las fuerzas de seguridad.
"Si existe Justicia, y yo creo que la hay, de celebrarse primero el juicio, cosa que aún está por ver, en primer lugar, las actuaciones están cargadas de razones y, en segundo lugar, porque con errores o no, he actuado asesorado en todo momento por el secretario del Consejo, que es el que me vincula, como ha declarado en sede judicial, y por quien dan fe de su honestidad 40 años de servicio inmaculado", ha sostenido en referencia al secretario, Francisco Perdomo, a quien el juez también ve indicios suficientes para llevar a juicio.
"Lo que es irrefutable, innegable, ni niega este auto, ni negará otro juez, es que efectivamente ahí había y hay una actividad manifiestamente ilícita, decretada por el máximo órgano administrativo", se ha defendido San Ginés, asegurando que "lo que quedaba, y aún a día de hoy, queda por dilucidar, es cómo actuar".
"Habría que descartar en principio plantear la dimisión"
En su intervención, el presidente ha sostenido que esa resolución del juez "no cita ninguna de los requerimientos actuales del Gobierno de Canarias, de los múltiples, de ninguno de los diputados del común, ni siquiera de los propios administradores concursales". Así, ha vuelto a referirse a escritos que hablaban de la situación de las plantas de Montaña Roja, pero en ningún caso proponían esa medida cautelar, y a resoluciones que son posteriores a la incautación, una de ellas tomada por el Ejecutivo regional hace solo unos meses y a instancias de San Ginés. "Sorpresivamente no se citan en el auto judicial", ha señalado.
"Yo presente 11 pruebas para mi defensa, para demostrar o justificar el por qué aquellas actuaciones", ha señalado San Ginés, que ha cuestionado que por parte del juez "solo se admitió una". "Tuvo que ser la Audiencia Provincial la que, en un hecho infrecuente pero relevante para este auto judicial, quien obligara al juez a admitir nada menos que nueve de las diez pruebas", ha sostenido, sin detallar en qué consisten esas "pruebas". Lo que sí ha señalado es que el auto del magistrado instructor "en ningún caso cita o rebate" esas "pruebas", por lo que considera que "persiste la indefensión".
