El presidente del Cabildo y del Consejo Insular de Aguas, Pedro San Ginés, ha informado este jueves por la tarde de que pondrá "sin dilación en conocimiento del juez" el "informe en virtud del cual se explica" que el letrado Ignacio Calatayud "sí mantenía una relación laboral" con Canal Gestión. Lo hace "tras el acuerdo plenario aprobado por unanimidad por el Cabildo", en el que se le instaba a informar sobre esta cuestión; y también después de que el gerente de Canal Gestión confirmara este jueves ante el juez que el letrado, que asesoró a San Ginés en la incautación de la planta de Montaña Roja, trabajaba a su vez para esta empresa, a manos de la cual pasó la desaladora. En su comunicado de prensa, el presidente afirma al respecto que ese vínculo de Calatayud con Canal le "sigue pareciendo irrelevante". Asegura, además, que lo "importante" es que esa medida se llevó a cabo "atendiendo a la opinión jurídica del secretario".
Tras señalar que la gerencia de Canal le ha "adelantado" que el letrado trabajaba para esta empresa, San Ginés afirma que esta circunstancia continúa pareciéndole "irrelevante" desde la perspectiva de su "responsabilidad como presidente del Cabildo, del Consorcio y del Consejo". Además, se lo parece "en la medida en que lo verdaderamente importante", bajo su punto de vista, "es que la incautación se llevó a cabo atendiendo a la opinión jurídica del secretario de estas tres entidades, coincidente con la del letrado, en lo referente a que se podía realizar la ocupación, a que no era necesaria autorización judicial previa por tratarse de un bien de dominio público, ni tampoco era preceptivo informe jurídico por escrito previo o posterior, si bien final y voluntariamente lo solicité".
El presidente del Cabildo y del Consejo apunta así al secretario del Cabildo y del Consorcio y Consejo Insular del Agua, Pancho Perdomo, como ya hiciera en su declaración ante el juez el pasado mes de agosto. Perdomo, aunque no emitió ningún informe sobre la medida, sí asumió el único que existe al respecto, que elaboró Calatayud 11 días después de incautarse la planta y en el que secretario estampó su firma, avalando su contenido.
También el secretario debía prestar declaración como testigo este jueves en los Juzgados. Sin embargo, el juez ha suspendido su comparecencia para decidir si declara en calidad de testigo o de imputado, como ha solicitado la acusación popular, representada por Podemos.
Niega "ningún tipo de interés" en "beneficiar" a Canal con la incautación
Por otro lado, en su comunicado, el presidente del Cabido niega "que haya habido ningún tipo de interés por parte del Consejo de beneficiar a Canal Gestión Lanzarote con la incautación de esta planta". Insiste así en el argumento que ha reiterado en múltiples ocasiones, afirmando que "lo único que nos ha movido es, en primer lugar, atender a los múltiples requerimientos del Gobierno de Canarias y del Diputado del Común exhortándonos a actuar ante la venta ilegal de agua que nadie –según él afirma- ha cuestionado, bajo advertencia de emprender acciones judiciales por inacción; a la vez que poner fin a la discriminación que venían padeciendo los miles de vecinos residentes en el Plan Parcial Montaña Roja, al tener que pagar el agua a un mayor precio que el resto de los lanzaroteños, recibiendo un peor servicio".
Además, San Ginés duda de que la incautación "haya generado beneficio alguno a Canal Gestión Lanzarote debido a las múltiples inversiones que han sido necesarias para la mejora del ciclo integral del agua, a los costes de personal y logística que supuso la modificación de miles de contratos de los usuarios, amén de los gastos de oficina y teléfonos, entre otros". Al respecto cabe recordar que, según el propio expediente del Consejo Insular de Aguas contra Club Lanzarote, la explotación y venta de agua de esa planta puede reportar beneficios millonarios. En el caso de Club Lanzarote, aplicando las tarifas que tenía, el Consejo considera que ingresaba 2.377.002 euros anuales.
San Ginés asegura también que "en el caso de que Canal obtuviera beneficios por la gestión de estas instalaciones, el Consorcio le exigiría el pago de un canon especial, no previsto en el pliego de condiciones por cuanto tampoco lo estaba una medida especial, transitoria y cautelar como esta"; y matiza que "fue el Consorcio quien planteó a Canal si estaría en disposición de hacerse con la gestión de la planta, y no al revés".
El presidente asevera, de otra parte, que "el Consejo Insular de Aguas desea devolver cuanto antes esta planta, porque no la necesita, y que bien por parte del Ayuntamiento de Yaiza o bien por parte del propio promotor se acometan de forma inmediata las obras de conexión de la planta a la red general, cosa que ya hemos requerido formalmente tanto a uno como a otro".
