El Partido Socialista ha registrado una moción de urgencia en el Ayuntamiento de Arrecife en la que pide que se pare “el inminente abono” de 27 millones de euros como resto del pago del precio por la expropiación del solar de Ginory. Los socialistas subrayan que ese pago se aprobó en la Junta de Gobierno “con los únicos votos favorables de los representantes del Partido Popular y de la representante de Somos Lanzarote, Elizabeth Merino, “en contra de lo sostenido ante los tribunales de Justicia por el propio Ayuntamiento, sin agotar todos los mecanismos que en derecho se permiten para la defensa del interés público y con claro perjuicio para la arcas públicas”.
Además, subraya que contraviene el acuerdo plenario que se adoptó el pasado mes de marzo a instancias de Coalición Canaria, que entonces estaba en la oposición y ahora gobierna con el PP, y también “las nuevas pruebas, en su día no aportadas, que indican que se va a pagar gran parte de ese precio por lo que fue una lámina de agua y por terrenos que no son propiedad de la expropiada”.
“El Ayuntamiento tiene medios para impedir un expolio a sus arcas públicas por la, cuando menos, negligente defensa de sus intereses allá por el año 2010”, señalan desde el PSOE. Se refieren así a lo ocurrido bajo la Alcaldía del también popular Cándido Reguera, cuando el Ayuntamiento “no ejercitó el derecho de presentar Recurso Contencioso Administrativo contra la Resolución de la Junta de Expropiaciones Forzosas de la Provincia de Las Palmas”, haciéndose así firme un justiprecio que consideran desproporcionado. Además, se suman a la denuncia hecha hace meses por CC, que desveló que “no existen en los archivos municipales documentos atinentes a la mencionada controversia Jurídica datados entre los años 2010-2013”.
En su moción, los socialistas piden que se “paralice de inmediato el pago de cualquier cantidad”, porque en caso contrario “sería de imposible recuperación en el futuro”; y que se inste ahora ante el Consejo de Ministros de España un procedimiento de revisión del justiprecio que en su día se estableció por la Junta de Expropiaciones Forzosas de la Provincia de Las Palmas.
También exigen que se dé “inmediato cumplimiento” al acuerdo adoptado por unanimidad en el Pleno Extraordinario el pasado mes de marzo a instancias de CC, y que se cree una Comisión de Investigación sobre este tema, tal como había reclamado el partido que hoy gobierna con Ástrid Pérez.
Además, en función de lo que arroje esa Comisión, solicitan que el Ayuntamiento “exija de inmediato las responsabilidades de toda índole, tanto penales como civiles, a todas aquellas personas que por negligencia o mediando dolo hayan dado lugar a la presente situación en relación a la expropiación del denominado solar de Ginory con evidente perdida de oportunidad para la defensa de este Ayuntamiento representante de todo/as los arrecifeños/as”.
“Graves anomalías”
El PSOE advierte entre otras cosas que existen “graves anomalías” en el título de propiedad de la expropiada, ya que “según los asientos del Registro de la Propiedad, únicamente sería titular de 1.815 metros cuadrados de suelo y no de los 10.754 metros cuadrados objeto de la expropiación”. “De ahí la absoluta necesidad de exigir en el presente caso la aportación de los certificados exigidos en la Ley para proceder al pago, ante el riesgo de que se está abonando con dinero público una enorme cantidad de dinero a quien según el propio registro de la propiedad no tiene derecho a ello”, subrayan, cuestionando que el juez titular del Juzgado de los Contencioso Administrativo Número 3 de las Palmas ha hecho “caso omiso” a esta exigencia legal.
Además, señalan que “en recientísima fecha, apoyando todo lo anteriormente expuesto, ante las noticias de prensa sobre este asunto, han aparecido nuevas pruebas gráficas” que adjuntan a la moción, así como el testimonio de “multitud de vecinos de Arrecife que, conocedores de la zona donde se ubica el llamado solar de Ginory”, que aseguran que “gran parte del mismo, y por el que ese Ayuntamiento pretende terminar de pagar 27.000.000. euros, procedía de una lámina de agua que lo ocupaba y que fue rellenada en su día”.
A esto suman también que la parcela no solo tendría realmente una superficie de la quinta parte de lo que se está pagando, sino que también “está afectada en su totalidad por las servidumbres de tránsito y de protección de la Ley de Costas de 1988”.
