Nueva Canarias (NC) ha enviado un comunicado de prensa para asegurar que el partido ha asistido "atónito" a la situación que se produjo este jueves, cuando el Consejo Insular de Aguas se incautó la instalación hidráulica del Plan Parcial Montaña Roja. "No existe ni siquiera una orden judicial que la ampare, simplemente una orden presidencial a lo dictador para ocupar la planta por parte del presidente del Cabildo de Lanzarote", ha cuestionado NC.
La formación ha recordado que la isla forma parte del Estado español y de Europa, donde se vive en un Estado de Derecho. "Por lo tanto, un presidente del Cabildo no puede tomar por la fuerza propiedades privadas", ha asegurado.
A Nueva Canarias, la situación que se produjo en esta desaladora, a donde tuvo que acudir un cerrajero a abrir las puertas de la instalación, recuerda "a muchas otras locuras que se han cometido en Lanzarote por parte de irresponsables mandatarios de Coalición Canaria, que después acaban pagando los lanzaroteños con nuevas indemnizaciones". En este sentido, recuerda que ya sucedió con el laudo de Edam Janubio, que "acabó por arruinar a Inalsa con una deuda de 12 millones de euros".
NC ha afirmado que el máximo responsable en aquella ocasión fue "Mario Pérez, miembro de Coalición Canaria y compañero de filas de Pedro San Ginés". "Debemos recordar que esta empresa ya ganó un pleito al Gobierno de Canarias llevándose una indemnización de más de 30 millones de euros de los contribuyentes, más dinero de lo que cuesta la Circunvalación de Arrecife y el doble que el muelle de cruceros", ha insistido la formación.
Pedir a San Ginés que responda con "su propio patrimonio"
Nueva Canaria ha solicitado que sea el presidente del Cabildo quien responda "con su propio patrimonio de posibles indemnizaciones". "Resulta sorprendente que San Ginés se haya enterado de lo que pasaba en Montaña Roja cinco años después de ser presidente de la Primera institución insular y sea justo ahora cuando toma por la fuerza unas instalaciones privadas", ha cuestionado.
Y es que la formación considera que, en caso de que el objetivo de esta acción sea "el bien común, lo lógico es abrir un expediente y solucionarlo por las vías normales, como son los Tribunales de Justicia, sin poner en riesgo el dinero público y la imagen bananera del Cabildo de Lanzarote".
