En el Ayuntamiento de Arrecife "no consta" ningún "documento de recepción de las obras de urbanización del Plan Parcial La Bufona". Y tampoco "consta" en la Oficina Técnica "documento que acredite" que se realizaran las cesiones obligatorias de suelo en base al Plan Parcial aprobado en 1981. Eso es lo que el concejal de Urbanismo del Consistorio, Samuel Martín, ha respondido a Gonzalo Murillo, denunciante del caso La Bufona.
Murillo sostiene que el problema de este plan parcial va mucho más allá de las 14 viviendas que tienen dos órdenes de demolición –una de la Apmun y otra judicial- y que se construyeron y ampliaron después ocupando suelo rústico. Entre otras cosas, afirma que muchas otras casas de la urbanización "invaden viales, zonas verdes, espacios públicos y aparcamientos públicos". Por eso lleva meses reclamando información al Ayuntamiento e incluso ha recurrido al Diputado del Común. Desde esta institución remitieron el pasado mes de marzo un escrito al concejal de Urbanismo recordándole su "deber legal de colaborar" y volviendo a reclamarle un informe sobre La Bufona, que se solicitó por primera vez hace casi un año.
En el escrito remitido ahora por Samuel Martín, fechado el pasado 31 de marzo, el concejal responde al último requerimiento que hizo Murillo, aunque no contesta a la mayoría de las preguntas. Respecto a la solicitud de copias autenticadas de la normativa, memoria, planos, proyecto de urbanización y proyecto de compensación de este plan parcial, el edil responde que los "documentos definitivos" fueron emitidos por la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, por lo que le insta a solicitarlos al Gobierno de Canarias, que afirma que es "la administración competente para atender la pretensión solicitada".
"Deja de informar torticeramente"
En cuanto a la petición de que "se certifique si el Plan Parcial aprobado en el año 1981 contaba con las reservas y estándares establecidos en la legislación vigente", se limita a señalar que "dichas certificaciones corresponden al organismo que resultó competente para el preceptivo control de legalidad previo a su aprobación". Es decir, que no aclara siquiera si se cumplió la ley. "Deja de informar torticeramente", cuestiona Gonzalo Murillo, en referencia a éste y otros apartados del escrito de respuesta del concejal.
Además, subraya que el concejal "sigue sin identificar a los funcionarios que autorizaron a edificar 52 viviendas unifamiliares aisladas en La Bufona, cuando las ordenanzas del Plan Parcial de La Bufona de 1981 sólo autorizan la construcción de menos de 30 viviendas unifamiliares aisladas". Y también considera que el edil ha respondido con "mala fe" a la pregunta relativa a si los promotores del Plan cumplieron con las cesiones obligatorias de suelo al Ayuntamiento.
Sobre este punto, Samuel Martín manifiesta que "no consta en los archivos de esta Oficina Técnica documento que acredite el traspaso de las cesiones de suelo", "si bien en esta urbanización existen viales y zonas verdes". Sin embargo, Murillo insiste en que el concejal "no se pronuncia sobre la invasión de dichos viales y zonas verdes con edificaciones", sobre la que han advertido informes técnicos desde hace años.
"Intenta confundir cuestiones bien distintas"
Además, Gonzalo Murillo acusa a Samuel Martín de "intentar confundir cuestiones bien distintas" en su escrito. Y es que tras señalar que no hay constancia de que se realizaran esas cesiones de suelo en base al plan parcial de 1981, el edil añade que lo que "sí consta" es un expediente que se abrió en el año 2004, en el que "se reclamaban todas las cesiones" correspondientes al posterior modificado que se hizo de ese Plan Parcial, en el año 1998.
Al respecto, el concejal agregaba que ese expediente no pudo culminarse porque esa modificación fue anulada por los tribunales, y "por sentencia judicial se determinó que no procedía la reclamación de esta cesión por haberse anulado el Plan Parcial que la motivaba". Sin embargo, Gonzalo Murillo recuerda que lo que se anuló fue la modificación del 98, pero no el plan original, sobre el que el Ayuntamiento sí podía exigir el suelo que corresponde a la administración.
"Existe una clara e importante dejación de funciones de defensa de los bienes públicos. Si se inició el expediente administrativo exigiendo las cesiones derivadas de la Modificación Puntual de 1998, y ésta fue anulada por el Tribunal Supremo, el Ayuntamiento debió comenzar de inmediato un expediente exigiendo las cesiones derivadas del Plan Parcial del año 1981", insiste Murillo, que denuncia que los promotores de esa urbanización ocuparon parte de ese suelo "expoliando al municipio y los vecinos del suelo público que debía destinarse a dar servicios y calidad de vida a los residentes". Además, denuncia que el Ayuntamiento de Arrecife y la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural "no han hecho nada al respecto para recuperarlo, aun cuando los trabajadores públicos han informado de la ocupación del dominio público".
Si el Ayuntamiento no recibió el plan, no debería pagar los servicios
En cuanto a la recepción de las obras de ese Plan Parcial, que según el concejal tampoco "consta" en la Oficina Técnica del Ayuntamiento, Murillo recuerda que eso implicaría que los promotores deberían seguir corriendo con los gastos de mantenimiento y servicios de la urbanización. Por eso, pide que se aclare si el Consistorio está costeando con fondos públicos esos servicios, "sin que se haya realizado la recepción de la urbanización y sin que se haya adverado técnica y jurídicamente que las obras de urbanización se ejecutaron tal y como viene exigido en la normativa técnica y en el proyecto aprobado". Y es que en caso contrario, considera que podría incurrirse en "un posible caso de malversación de fondos públicos".
Por último, Gonzalo Murillo también acusa al concejal de hacer "uso de una mentira" cuando en el primer punto de su escrito de respuesta, comienza señalando que "resulta extemporánea la presentación alegaciones al documento del Plan General en vigor", que fue aprobado en el año 2004. Al respecto, Murillo subraya que "lo requerido no trata de ninguna alegación al Plan General", por lo que "bajo ninguna circunstancia puede sustraerse la información" que reclama.
