Seis de los detenidos en la nueva fase de la Operación "Unión" tienen un nexo en común según los investigadores: todos ellos tienen a su nombre propiedades que, presuntamente, pertenecerían realmente al líder histórico del PIL, Dimas Martín. Eso es al menos lo que se desprendería de la documentación recabada en los últimos meses por los agentes de la UCO, que se han dirigido al Registro de la Propiedad para pedir certificaciones y notas relativas a estas personas.
Así, éste sería el eje de esta nueva fase del caso "Unión", que volvería a golpear de nuevo al corazón del PIL. Por unas circunstancias o por otras, todos los arrestados mantenían una estrecha relación con Dimas Martín.
Unos, como Susana Martín, un vínculo obvio de parentesco, ya que se trata de su hija. Otros, una vinculación personal o política, en casi todos los casos por su cercanía al Partido de Independientes de Lanzarote.
Los investigadores, que ya habían imputado al líder histórico del PIL por varios delitos de cohecho y por asociación ilícita, creen que, presuntamente, Dimas Martín pudo utilizar gente de su entorno para "ocultar" sus propiedades. Pese a las condenas judiciales que ya tiene a sus espaldas, una de ellas por malversación de fondos públicos, él siempre había defendido que su patrimonio reflejaba que no se había enriquecido con la política.
Otros delitos
Además de los presuntos delitos de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes que implicarían estos hechos, la Guardia Civil también ha hecho público que entre los nuevos detenidos habría también imputaciones por cohecho, tráfico de influencias y falsedad de documento público.
Y es que según la Benemérita, esta intervención también ha puesto de manifiesto otra trama relacionada con supuestos pagos que, con fondos de un ayuntamiento y de empresas públicas, se realizaban a uno de los detenidos por servicios no prestados. Supuestamente, otro ex-cargo público, presumiblemente Dimas Martín, ejercía tráfico de influencias sobre los funcionarios para que hicieran efectivos dichos pagos.
Uno de los detenidos este viernes, el abogado Francisco Rodríguez Batllori, enviaba esta misma semana una carta pública para negar su vinculación en el caso "Unión" y para asegurar que los pagos que recibió de Inalsa correspondían a su trabajo de asesoramiento a la empresa pública y se realizaron "con toda transparencia y legalidad".
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