Las trabajadoras que denunciaron el cierre del Área de Empleo del Cabildo han contestado a la respuesta de la primera Corporación, que aseguró que sus despidos se debían a la finalización de los convenios con el Servicio Canario de Empleo, tras los recortes del Estado. Estas empleadas aseguran que la versión emitida por el Cabildo "no corresponde a la realidad" y indican que podría haberse acogido a un nuevo programa para mantener al personal. Pero, además, aseguran que son "personal laboral indefinido del Cabildo, tal y como reconocen las sentencias" y que el Cabildo sólo tiene que "dar cumplimiento" a estos fallos judiciales.
En primer lugar, afirman que el programa de Agentes de Empleo y Desarrollo Local estaba "cofinanciado en parte con fondos del Gobierno de Canarias, como en otros muchos proyectos ejecutados por el Cabildo". Estos programas han visto mermadas las subvenciones que recibían "por los recortes presupuestarios".
Para ello, según manifiestan, el Servicio Canario de Empleo puso en marcha un nuevo programa "subvencionado (PRODAE), al que se podía haber acogido el Cabildo como el resto de las Instituciones de la isla con el fin de dar continuidad al personal que venía realizando hasta la fecha las funciones en materia de políticas activas de empleo".
Sin embargo, las trabajadoras critican que el Cabildo "no sólo descartó esta posibilidad, sino que además el personal se ha visto defraudado por el incumplimiento de las palabras del consejero de Empleo, que anunció en una reunión en el mes de diciembre del año pasado que iba a hacer un gran esfuerzo por mantener a cinco personas en esta área".
"Personal laboral indefinido del Cabildo"
Por otro lado, en cuanto a la relación laboral que une a estas trabajadoras con la entidad, quieren dejar claro que "no son personal de convenios" con el Servicio Canario de Empleo, sino "personal laboral indefinido del Cabildo de Lanzarote, tal y como se reconocen en las sentencias firmes ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, situación admitida y mencionada por el propio Cabildo en las cartas de despido", según insisten en un comunicado.
Por todo ello, no entienden el "proceso de reestructuración" al que se refiere el Área de Empleo. Así, aseguran que, por un lado, se pretende "adscribir a esta área, personal de otros departamentos, prescindiendo de un personal cualificado que pertenece a esta Corporación y que lleva realizando labores en materia de empleo más de diez años".
Por otro lado, según esta versión, se pretende "no solapar las funciones del Servicio Canario de Empleo, cuando en realidad nunca ha existido tal solapamiento". Estas trabajadoras quieren dejar constancia que sus funciones "muy poco tienen que ver" con las desarrolladas por los trabajadores del Servicio Canario de Empleo de Arrecife.
Las funciones de los despedidos
En concreto, señalan que algunas de las funciones que realizaban el personal técnico despedido han sido "la elaboración de proyectos de Formación y Empleo, de los que se beneficiaba el Cabildo de Lanzarote, realizando las correspondientes justificaciones económicas; la tramitación de convenios de colaboración con los Ayuntamientos de la isla, destinados a la contratación de personas desempleadas; el asesoramiento y tutorización a los emprendedores en la puesta en marcha de sus iniciativas empresariales; la intermediación en la solicitud de Pago Único y de distintas subvenciones como la de Promoción del Empleo Autónomo o la realización de talleres formativos en diferentes materias".
También contaban con un servicio de Orientación e Intermediación Laboral y un servicio de formación para el empleo y la emprendeduría. Asimismo, se creó un Blog de Empleo, gestionado por este personal, en el que se ofrecía información detallada en materia de Búsqueda Activa de Empleo y Emprendimiento, promocionando las nuevas empresas creadas en la isla, según informan a través de un comunicado. "De todos estos servicios se han beneficiado un total 3.000 personas", defienden.
Para estas empleadas, el Cabildo "se excusa de no poder mantener a este personal" por el coste que supone y por las limitaciones a la contratación impuestas por la Ley, cuando "en realidad han sido los tribunales los que han dictaminado el carácter laboral indefinido de estas personas y no se trataría de nuevas contrataciones sino dar cumplimiento a las sentencias judiciales".
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