El Cabildo de Lanzarote y el Gobierno de Canarias han remitido este miércoles de forma coordinada un documento dirigido al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en el que exigen la inmediata suspensión del proceso administrativo de las prospecciones y la apertura de un nuevo proceso de exposición pública "por las graves irregularidades detectadas en el expediente de las prospecciones que Repsol pretende efectuar en Canarias". Además, han anunciado que "otros cabildos y ayuntamientos de distintas islas reforzarán esta semana la iniciativa sumándose a la petición de suspensión del proceso, que será también dirigida a la ciudadanía para facilitar que colectivos y personas físicas puedan remitir idéntica petición".
Desde las instituciones canarias recuerdan que "en la actualidad, los permisos de investigación están inmersos en un proceso administrativo cursado en primera instancia por el órgano sustantivo, el Ministerio de Energía, Industria y Turismo, y en segundo lugar por la Autoridad competente de dictaminar la Declaración de Impacto Ambiental, el Ministerio de Alimentación, Agricultura y Medio Ambiente". Además, subrayan que al frente de este ministerio ha estado Miguel Arias Cañete, que actualmente es cabeza de lista del PP a las elecciones europeas, y que ha sido "seriamente cuestionado por tener intereses personales en empresas vinculadas a la comercialización de hidrocarburos", mientras dirigía un ministerio que "debe resolver en los próximos días si otorga luz verde a Repsol para iniciar las primeras catas frente a las islas".
Desde el Gobierno canario y el Cabildo lanzaroteño recuerdan que representantes de tres administraciones canarias lograron acceder recientemente a una parte del expediente de Repsol "que no había sido facilitado con anterioridad" y "tras una primera lectura parcial, se detectaron serias irregularidades tanto en la forma y ordenamiento como en los contenidos temáticos, destacando graves carencias sobre los impactos que las prospecciones de Repsol pueden generar sobre la población humana, sobre el medio natural oceánico, sobre las actividades económicas y, en consecuencia, sobre los intereses generales de Canarias".
Por este motivo, las instituciones públicas del Archipiélago estiman que "en estas circunstancias de graves anomalías en el seno del procedimiento legal, y ajustándose a los preceptos administrativos vigentes de la legislación española y comunitaria, emitir conclusión alguna en forma de Declaración de Impacto Ambiental favorable a la petrolera sería del todo inadmisible por vulnerar derechos fundamentales perfectamente reglados".
"Está más que justificado"
Para el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, la exigencia de suspender la totalidad del proceso administrativo en el Gobierno de España "está más que justificada porque, hasta la fecha de hoy, los permisos otorgados a Repsol han estado marcados por la carencia de rigor, la imposición de graves decisiones para los intereses de nuestra sociedad y por una inadmisible falta de transparencia que socava sistemáticamente nuestra democracia".
Según sostienen desde el Cabildo, "la totalidad de la documentación que el Ministerio de Medio Ambiente ha solicitado al Ministerio de Industria tras expirar el periodo de información pública en 2013 constituye, tanto en la naturaleza de su contenido como por la amplitud de temáticas abarcadas, un elemento de juicio imprescindible para las instituciones canarias a las que, sin embargo, no se les ha permitido el acceso a estos datos en tiempo y forma. Por tanto, es obvio que en este punto de la evolución del expediente "Canarias 1 a 9", se ha generado una clara situación de indefensión con respecto a los intereses generales canarios al poseer la Administración Central informes de la máxima importancia que hasta la fecha permanecen ocultos, con el agravante de que estos datos sustentarían decisiones de extrema gravedad si finalmente autorizan a Repsol a iniciar las catas".
Ante esta situación, una delegación canaria se desplazará expresamente a Madrid el próximo martes 29 de abril a fin de estudiar el estado del expediente en el Ministerio de Medio Ambiente y los términos que hasta la fecha se valoran con respecto a la Declaración de Impacto Ambiental. El vicepresidente del Cabildo lanzaroteño, Joaquín Caraballo, ha expresado esta mañana que "lo que hemos descubierto en los archivos de los ministerios reafirma rotundamente nuestra oposición al proyecto petrolero. No queremos gobiernos tramposos que oculten información entre sus propios Ministerios, estos no son los gestores que necesitamos".
En el escrito dirigido este miércoles al Gobierno, las administraciones canarias concluyen solicitando textualmente que "se proceda a la apertura de un nuevo proceso de exposición pública que, conforme al Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, artículo 9.4, y Directiva 2011/92/UE, artículo 6.3, permita a las partes alegadoras acceder a la totalidad de la información del EIA de Repsol sobre su proyecto "Canarias 1 a 9", incluyendo las aportaciones resultantes de las demandas documentales solicitadas por el Ministerio de Medio Ambiente a la petrolera, e incluyendo las aportaciones resultantes de las demandas documentales solicitadas por el Ministerio de Medio Ambiente al Ministerio de Industria sobre este asunto, si las hubiere".
