Los cabildos y pescadores de Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa han acordado pedir a la Viceconsejería de Pesca del Gobierno regional que denuncie ante el Parlamento Europeo el "injusto reparto" de la cuota de atún rojo que recibe Canarias. Piden que se incremente la parte correspondiente a los pescadores canarios en ese reparto que realiza el Ministerio, del 1,21 por ciento que ahora reciben al 10 por ciento. Además, también requieren al ejecutivo autonómico "medidas efectivas" frente a las "nasas ilegales".
La decisión de llevar esta situación a la comisión de Pesca del Parlamento Europeo se adoptó en una reunión que mantuvieron el pasado viernes en el Cabildo de Lanzarote el consejero Juan Antonio de la Hoz y su homóloga majorera, Rita Martín, con los patrones mayores de las cofradías de pescadores de ambas islas y de La Graciosa. Consideran que el reparto que hace el ministerio no respeta "los criterios territoriales que la Unión Europea ha establecido para esta cuestión" y por ello quieren trasladar a esta institución sus quejas.
Todos ellos se habían reunido ya el pasado 19 de diciembre en Fuerteventura. En aquel encuentro, acordaron "por unanimidad solicitar medidas efectivas contra las nasas echadas de manera ilegal en las aguas cercanas a estas islas".
Fruto de estos encuentros, es el escrito que recoge éstas y otras peticiones a la Viceconsejería de Pesca del Gobierno de Canarias. Tanto el Cabildo lanzaroteño como el majorero han destacado que a esta última reunión no asistieron representantes de la Viceconsejería regional ni del gobierno central, que declinaron la invitación.
Medidas contra las nasas furtivas
En ese escrito para la Viceconsejería se solicitará que se "corrija el problema existente con las nasas furtivas", para lo que pescadores y cabildos insulares piden "coordinación entre todos los cuerpos de vigilancia, sean locales o estatales" para que realicen sus actividades "de manera conjunta y coordinada".
Además, solicitan que se aclare a los pescadores las tarifas por canon de ocupación de las mismas, ya que las cofradías consideran que "en la actualidad se establecen diferentes tarifas para los Puertos Canarios de la provincia de Las Palmas y de la provincia de Santa Cruz de Tenerife".
Otra de las reclamaciones que hacen al gobierno regional es que medie con la Dirección General de Puertos y la Autoridad Portuaria para "la condonación a las cofradías de las tasas por canon de ocupación de lonjas debido al delicado momento que atraviesa el sector por la crisis económica".
Las cofradías, por último, denuncian la "falta de dotación médica por parte del Instituto Social de la Marina, para la realización de los controles médicos de forma efectiva y rápida tanto de tripulantes como de botiquines, para que en modo alguno se produzca la paralización de ningún barco". Así mismo, reclaman que se impartan "los cursos sanitarios necesarios para que no existan problemas en el despacho de los barcos".
