El primer juicio del caso Yate comenzará este martes en Las Palmas de Gran Canaria, con el ex alcalde de Teguise, Juan Pedro Hernández, como único acusado. La Fiscalía pide para él 9 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación urbanística, mientras que la acusación popular reclama 4 años de prisión y 20 de inhabilitación.
Este procedimiento contra el ex alcalde de Teguise forma parte del caso Yate, que investiga también la concesión masiva de licencias por parte del ex alcalde de Yaiza. Ambas causas se separaron hace años y la de Hernández pasó además a ser competencia del TSJC cuando se convirtió en diputado regional por Coalición Canaria y, por tanto, en aforado. Aunque tras las pasadas elecciones ya no ocupa ese cargo, será el Tribunal Superior de Justicia de Canarias quien celebre el juicio, dado que cuando se ordenó la apertura de juicio oral Hernández seguía siendo parlamentario. La vista se celebrará en dos sesiones, entre el martes y el miércoles, y está previsto que declaren más de una decena de testigos y peritos.
Los hechos que llevarán de nuevo al banquillo al ex alcalde, que ya tiene otra condena por un delito continuado contra la ordenación del territorio, están centrados en la concesión de cuatro licencias ilegales en 1999. Además, dos años después otorgó prórrogas de dos de esas licencias, también al margen de la ley. En todos los casos, los permisos fueron anulados en los tribunales con sentencias que ya son firmes.
Las licencias se concedieron en plena revisión del Plan Insular de Ordenación, que impedía conceder nuevos permisos. Además, el alcalde los otorgó sin que consten los preceptivos informes técnicos y jurídicos municipales, y tampoco solicitó el informe de compatibilidad con el PIOT.
Dos de los proyectos fueron paralizados
Una de las licencias fue entregada al grupo Hoteles Playa, para la construcción de un hotel de cinco estrellas en la parcela 216 de Costa Teguise. Además, después se le dio una prórroga de la licencia. La misma situación se repitió con otra licencia concedida a Armadores de Puerto Rico S.A., para la construcción de un hotel de cuatro estrellas en la parcela 210, y a la que también se le otorgó una prórroga dos años después.
Las otras dos licencias fueron otorgadas a Colinas Residencial, para 48 apartamentos turísticos en la parcela 318-22; y a otra mercantil que pretendía levantar un complejo de apartamentos con 157 unidades alojativas en la parcela 214, también en Costa Teguise. En este caso, la Justicia aceptó en su día las medidas cautelares solicitadas por el Cabildo mientras se resolvía el pleito, por lo que el complejo no llegó a construirse. Y lo mismo sucedió con el hotel de cinco estrellas, que hoy es un esqueleto a la entrada de Costa Teguise.
A diferencia de lo que sucede en la parte del caso Yate centrada en el Ayuntamiento de Yaiza, en el caso de Teguise será solo Juan Pedro Hernández quien se siente en el banquillo, ya que según la instrucción, no hubo técnicos que avalaran la licencias ilegales que concedió. Además, mientras José Francisco Reyes está imputado también por cohecho y blanqueo de capitales, entre otros delitos, Juan Pedro Hernández responderá solo por presunto delito continuado de prevaricación urbanística.
"Un plan preconcebido"
"El acusado permitió, con la puesta en marcha de un plan preconcebido, para la concesión masiva de licencias, el nacimiento del "urbanismo del promotor" y con su actuación manifiestamente ilegal propició una alteración total de la realidad urbanística el municipio de Teguise, puesto que autorizó construcciones y edificaciones hoteleras sin otra base legal que su capricho, causando un grave daño al desarrollo sostenible de su municipio y propiciando un desarrollo del urbanismo salvaje y de la ocupación turística en grave detrimento de los servicios públicos, que no han dado abasto debido al aumento de la población residente que dicho desarrollo trajo consigo", sostiene el escrito de la acusación popular, representada por el denunciante del caso, Carlos Espino, que fue consejero de Política Territorial del Cabildo y secretario general del PSOE en Lanzarote.
Frente a la petición de 9 años de inhabilitación que formula el fiscal Vicente Garrido, por un delito continuado de prevaricación, la acusación popular entiende que se cometieron dos delitos distintos. Uno en 1999, cuando Hernández otorgó las cuatro licencias, y otro en el año 2001, cuando autorizó las prórrogas de esas licencias. Así, reclama dos años de prisión y 10 de inhabilitación por cada uno de esos delitos continuados de prevaricación urbanística.
