El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Arrecife denuncia "la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran desde hace semanas los usuarios del servicio de atención domiciliaria, que siguen a expensas de que el Consistorio resuelva la forma en la que debe llevarse el procedimiento para sacar a concurso la prestación del servicio".
Los populares recuerdan que el concurso "fue recurrido y quedó paralizado el 9 de mayo, a expensas de que todas las empresas licitadoras presentaran sus acreditaciones", pero agregan que el pasado viernes volvió "a la casilla de salida, al presentarse nuevos informes que ahora indican lo contrario".
Para el PP, "las contradicciones técnico jurídicas que se están produciendo entorno a la adjudicación están retrasando de forma muy grave la resolución del concurso". Según apunta la portavoz municipal, Dácil Garcias, "estamos hablando de uno de los contratos más importantes del Consistorio, pues la ayuda a domicilio es una prestación básica en el ámbito de servicios sociales en el que las cosas tienen que hacerse muy bien, con rigor, pero también de forma ágil y eficaz".
"Lejos de ser así, la adjudicación ha entrado en una maraña de problemas y de informes contradictorios que no terminan de resolverse y que ponen en evidencia la mala gestión y la falta de previsión de la actual alcaldesa y ex concejal de Servicios Sociales, Eva de Anta", asevera la concejal del Partido Popular.
"Estamos hablamos de personas que no pueden valerse por sí mismas, que dependen totalmente de esta ayuda, y que ahora ya están recibiendo atención menos días a la semana debido a los reajustes que ha hecho el Ayuntamiento, debido al conflicto laboral que mantiene la actual empresa concesionaria", denuncia Garcias.
"El problema es muy grave porque por un lado nos encontramos con unas 500 familias afectadas y, por otro, con un colectivo de trabajadores que siguen sin poder cobrar", recalca la portavoz de los populares.
"Urge que el procedimiento se encauce lo antes posible para normalizar la prestación del servicio y evitar mayores daños a las familias", insiste Dácil Garcias, quien espera que "no se vuelvan a producir más sobresaltos en el proceso de adjudicación".
