La presidenta del Partido Popular de Lanzarote, Astrid Pérez, ha reiterado este martes el "apoyo" de su formación política a la "actividad de producción de agua para autoconsumo que vienen realizando desde hace décadas las plantas de desalación privadas que existen en la isla". Así, Pérez se suma a las críticas que ya han hecho patronales como Asolan o la CEL y formaciones como Ciudadanos o la propia agrupación popular en Teguise. Considera que la "restricción" a la posibilidad de que se puedan instalar plantas desaladoras privadas en el nuevo Plan Hidrológico "contraviene lo establecido en la propia Ley de Aguas de Canarias y convertiría a Lanzarote en la única isla del archipiélago en la que están prohibidas tales instalaciones".
"Este hecho supone un retroceso en las reglas de la competencia y en las políticas del agua, máxime si se tiene en cuenta que la existencia de desaladoras privadas no ha ido en detrimento ni ha perjudicado la gestión del ciclo integral del agua, más bien al contrario, ha permitido saldar con éxito el abastecimiento de la planta alojativa en momentos muy duros, de muchos cortes, cuando la entonces empresa pública era incapaz de garantizar el suministro de agua", añade la presidenta insular.
"Lo que está claro es que la existencia de las desaladoras privadas no ha causado ni causa ningún perjuicio a la ciudadanía, mientras que su eliminación sí que supondría un revés importante a la competitividad del sector turístico de Lanzarote frente al de otras islas", asegura Astrid Pérez, quien insta al gobierno del Cabildo a "reconsiderar su decisión" y a "consensuar una salida con el sector".
Una posibilidad que "nunca se planteó" cuando Inalsa gestionaba el agua
"No entendemos por qué el gobierno del Cabildo de forma unilateral quiere ahora eliminar las desaladoras privadas cuando en el momento en el que Inalsa gestionaba el agua nunca se planteó tal posibilidad", manifiesta la dirigente del Partido Popular. "Cabría preguntarse en qué momento del proceso de privatización de la gestión del agua en la isla las desaladoras privadas se convirtieron un problema y en una actividad a extinguir a toda costa", incide la presidenta de los ‘populares’, que reitera, que "la ley de Aguas de Canarias contempla que el agua puede ser producida y aprovechada por personas y entidades públicas o privadas".
"La realidad es que la existencia de desaladoras privadas es perfectamente compatible con el actual sistema de gestión y no tiene porqué influir en el precio que todos pagamos por el agua doméstica", afirma Astrid Pérez.
"Otra cosa bien distinta es que el presidente se equivocara a la hora de hacer los números para la externalización del servicio y ahora pretenda compensarlo por la vía más rápida, eliminando las desaladoras privadas que, hay que recordar, producen solo para autoconsumo", concluye.
