La causa abierta por la incautación de la desaladora de Montaña Roja tiene dos nuevos imputados. El titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife, Jerónimo Alonso Herrero, ha decidido imputar al secretario del Cabildo, del Consejo y del Consorcio, Pancho Perdomo, y al abogado externo Ignacio Calatayud. Los dos han sido ya notificados de esta decisión del juez y tendrán que responder por presuntos delitos relacionados con su participación en la adopción de esa medida cautelar.
El propio presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, afirmó en su declaración en los Juzgados que fueron Perdomo y Calatayud quienes le asesoraron antes de que ordenara la incautación. Sin embargo, según San Ginés, en ambos casos se trató de asesoramiento "verbal", ya que no hay ningún informe escrito previo a la incautación que avalara esa medida. El único que existe lo redactó Ignacio Calatayud después de la incautación y fue asumido por el secretario, que puso su firma al final del documento.
Además, el nombre de Ignacio Calatayud ha aparecido de forma reiterada en esta causa, ya que intervino de una u otra forma en todas las fases de la incautación. Desde reuniones previas con Club Lanzarote, titular de la planta, hasta la ejecución material de la incautación, a la que acudió personalmente el abogado.
Asesor de San Ginés y de Canal Gestión
Paralelamente, mientras asesoraba a San Ginés sobre esta medida, Calatayud trabajaba también para Canal Gestión Lanzarote, que es la empresa a la que se le entregó la gestión de las plantas incautadas a Club Lanzarote. Así lo confirmó el propio gerente de Canal, Gerardo Díaz, en su declaración como testigo dentro de esta causa hace dos semanas.
La pregunta ya fue formulada por el juez a Pedro San Ginés cuando declaró como imputado el pasado mes de agosto. Sin embargo, en ese momento el presidente aseguró que lo desconocía. Días después, al ser preguntado por el tema en una rueda de prensa, San Ginés respondió que le parecía "irrelevante" si Calatayud trabajaba también para Canal Gestión. Y tampoco respondió a la oposición cuando Somos y Podemos le formularon esta pregunta en el Pleno hace dos semanas, limitándose a señalar que había pedido un informe a la empresa.
Finalmente, fue en los Juzgados donde se terminó resolviendo esta duda. Según la declaración del gerente, Ignacio Calatayud tuvo "un contrato con Canal Gestión" desde "dos o tres meses después de crearse la empresa hasta hace unos meses, mayo de 2015". Y "cuando se llevó a cabo la incautación", mientras asesoraba al presidente para adoptar esa medida y para entregar la planta a Canal Gestión, Ignacio Calatayud era uno de los varios letrados" de la empresa. Además, el abogado participó también en el proceso previo a la privatización de la gestión de Inalsa y en el concurso de acreedores de la empresa pública.
Las "advertencias" del secretario
"El informe de Ignacio (Calatayud) que yo he ratificado, quiero dejar claro que no es una ciencia exacta". Eso fue lo que subrayó el secretario del Cabildo y del Consejo Insular de Aguas, Pancho Perdomo, durante la Junta del Consejo celebrada el 3 de octubre de 2014, quince días después de que se hubiera producido ya la incautación de la desaladora de Montaña Roja. Perdomo se refería así al informe jurídico (el único que existe) que fue encargado por San Ginés cuando ya se había ejecutado la medida, entre otras cosas sin contar con autorización judicial.
"Más de una vez me ha advertido el secretario que efectivamente el derecho no es una ciencia exacta y que pudiera, es improbable entendemos, pero pudiera ocurrir que el juez decidiese levantar la medida cautelar", admitió también San Ginés en esa Junta. Sin embargo, pese a reconocer esas advertencias, el presidente tomó la decisión sin tener un solo informe por escrito y basándose, según él, en el "asesoramiento verbal" del propio secretario y del abogado Ignacio Calatayud, que no es funcionario ni personal del Cabildo ni del Consejo, y que realizó su informe escrito cuando la incautación ya se había realizado.
El pasado 26 de junio, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ordenó devolver la planta a Club Lanzarote, entre otras cosas porque se realizó sin autorización judicial. Paralelamente, la Audiencia admitió también un recurso de Club Lanzarote en la vía penal y decidió que el Juzgado investigara presuntos delitos cometidos en esa incautación. Hasta ahora, además de San Ginés, en la causa estaban ya imputados los que entonces eran gerentes del Consejo y del Consorcio Insular del Agua, José Juan Hernández Duchemín y Domingo Pérez Callero.
