El interventor del Ayuntamiento de Tías, Miguel Ángel Guerra, reconoce en un informe firmado el pasado 24 de marzo que es "prácticamente imposible" para dicho Ayuntamiento hacer frente al pago de 3,3 millones de euros que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) obliga a abonar, ya que "no existe liquidez para ello".
Añade el informe que a esto "se suma la deuda elevada existente con proveedores, así como que no se podría solicitar operación de tesorería alguna para dicho fin en tanto que nos encontramos en el límite máximo para este tipo de endeudamiento". Dice igualmente que resulta "de extrema complejidad prever esa partida en un solo presupuesto con crédito suficiente para dar cumplimiento al abono, debido a lo ajustado de dicho presupuesto".
Hay que recordar que el pasado mes de marzo se conoció que el TSJC había condenado al Ayuntamiento a pagar 3,3 millones de euros a los propietarios de dos solares de Puerto del Carmen de unos 500 metros cuadrados, a los que se les expropió sin indemnizarles. La sentencia era de marzo de 2010 y el Ayuntamiento ocultó un año su existencia.
El mes pasado, en un pleno solicitado por la oposición, el alcalde, José Juan Cruz (PSOE), aseguró que baraja otras alternativas, como cambiar la ordenanza de la zona para permitir que se edifique o hacer una permuta con los propietarios. Cruz asegura que el Ayuntamiento ha recurrido ante el Tribunal Supremo.
Los propietarios realizaron alegaciones al presupuesto municipal de 2011 por valor de 2,5 millones, que es la cantidad que fijó el Jurado provincial de expropiación forzosa en febrero de 2008, asegurando que esa resolución es firme puesto que Tías no la impugnó. El presupuesto no podrá ser aprobado de forma definitiva hasta que no se dé una solución a esas alegaciones.
Reproches a la Alcaldía
En su informe, el interventor reprocha que se le remitió esa sentencia hace un mes, "una vez que se tuvo conocimiento de la misma como consecuencia de las alegaciones presentadas por el actor demandante". Dice que sólo tiene conocimiento de estos procesos en el momento en que se hace preciso el abono y que en este caso no se sabe si la sentencia ha sido recurrida, si es firme o inatacable, así como si la decisión del Jurado de expropiación fue impugnada.
"Ello supone?añade? un ejemplo más de la situación de desconocimiento absoluta y generalizada de este departamento en lo que se refiere a los procesos judiciales en los que la institución se encuentra incursa, sean de la naturaleza que sean, lo cual imposibilita un control así como una posible previsión presupuestaria tanto de los gastos que supongan a nivel de defensa letrada como una ligera visión de los montantes a los que puede en cualquier momento la corporación ser condenada a abonar como consecuencia de dichos procesos".
S.G. / ACN Press
