El Gobierno de Canarias ha anunciado que "revisará" las leyes antitransfuguismo vigentes en el archipiélago "para que se ajusten a la jurisprudencia" dictada por el Tribunal Constitucional en una sentencia de hace dos años.
El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, en respuesta a una pregunta de la diputada de CC Socorro Beato, afirmó que creía "obligado revisar las leyes de municipios y cabildos que penalizan a los concejales y consejeros llamados tránsfugas, quienes según las leyes vigentes no pueden asumir ciertas funciones, ni percibir ciertas retribuciones".
Según Julio Pérez, a raíz de esa sentencia de diciembre de 2017 "hay que revisar si las limitaciones legales impuestas a los tránsfugas han de considerarse limitaciones al "mandado libre" que vincula al concejal o consejero con sus electores". Y es que afirma que "una vez que el TC ha dictaminado que ese mandato libre no puede restringirse mediante límites jurídicos, es obligado estudiar si es procedente derogar las leyes canarias".
La diputada Beato sostuvo que las limitaciones económicas a los tránsfugas para cobrar retribuciones pueden mantenerse, y que el propósito del Gobierno obedece a "intereses partidistas", lo que negó el consejero, diciendo que, por el contrario, había sido Beato quien se refirió a tales intereses. Julio Pérez afirmó que se trata de "un debate jurídico, no político, o no solo político".
"Cuando lleguen al Parlamento los proyectos normativos que aborden el asunto habrá ocasión", dijo el consejero, "de medir exactamente qué parte de las leyes debe corregirse o derogarse".
