Dimas Martín, Fernando Becerra, Luis Lleó, Gladys Acuña y Honorio García Bravo y su hijo, Honorio Nicolás, tendrán que acudir como testigos al Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife, para declarar en el marco de la causa que investiga la presunta trama para la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca. Al menos, así lo ha solicitado la Fiscalía, que pidió que varias grabaciones de los pinchazos telefónicos realizados en el caso "Unión" se incorporaran también al "caso Reyes".
En esas conversaciones interceptadas por la UCO no sólo se pusieron de relieve presuntos delitos que son investigados por el magistrado César Romero Pamparacuatro, sino también otros datos que arrojan luz o ayudarían a confirmar las tesis mantenidas por la Fiscalía en la otra gran causa contra la corrupción abierta en la isla, y que se centra en las licencias ilegales. Sobre todo, según la Fiscalía, demostrarían las relaciones entre algunos de los principales acusados.
Y es que uno de los principales ejes de esta investigación se centra en demostrar que la concesión de licencias ilegales no era algo aislado o dependiente sólo del principal imputado, el ex alcalde José Francisco Reyes, sino que respondía a un entramado del que formaban parte políticos, técnicos, empresarios y abogados. Y dentro de esa supuesta trama, el abogado Felipe Fernández Camero jugaría un papel fundamental, según entiende la Fiscalía. Por un lado, como "inductor de la conducta presuntamente delictiva del alcalde de Yaiza". Por otro, como nexo de unión entre la mayoría de los imputados.
Esperando los CD's
Numerosas conversaciones del sumario del caso "Unión" ponen de relieve las relaciones entre todos ellos y, por eso, el fiscal pidió a finales de 2010 que las copias de esas grabaciones se incorporaran también a la causa del Juzgado Número 2, y que se citara como testigos a los protagonistas de esos diálogos.
Ahora, la juez está a la espera de recibir los CD's y escuchar esas conversaciones, para decidir si ordena la citación de seis nuevos testigos. Nombres de personas imputadas en el "caso Reyes", como Felipe Fernández Camero, Juan Francisco Rosa, Ignacio Díaz de Aguilar y el propio ex alcalde de Yaiza, aparecen en esas conversaciones, confirmando las relaciones que existían entre ellos. Y eso, es una pieza clave para la acusación, que intenta demostrar que durante años actuaron de forma organizada para vulnerar la ley, orquestando la proliferación de hoteles ilegales e incluso planes parciales en Playa Blanca a cambio de supuestos sobornos.
Varios dictámenes del fiscal han puesto hasta el momento de relieve este hecho, con indicios que demostrarían que actuaban y siguen actuando ahora de forma coordinada, pero las defensas de los imputados han presentado distintos recursos alegando que todo responde a "una serie de conjeturas y suposiciones" del fiscal.
En el caso del empresario Juan Francisco Rosa, cuando declaró como imputado en el "caso Reyes" explicó que la abogada Juana Fernández de las Heras era quien le representaba en los juicios contra el hotel Son Bou y el Princesa Yaiza, ambos declarados ilegales. Sin embargo, aseguró que "desconocía si Felipe Fernández Camero, padre de la anterior, era en aquellos tiempos asesor del Ayuntamiento de Yaiza".
Por estas y otras muchas negaciones de los principales imputados, cobran importancia las conversaciones grabadas entre los años 2008 y principios de 2009 en la Operación "Unión". Por ejemplo, en la primera parte del sumario de la Operación "Unión", Rosa aparece en varias conversaciones telefónicas con Dimas Martín, que estaban siendo grabadas por la UCO, hablando de la situación de los hoteles ilegales de su propiedad en Playa Blanca.
En una de ellas, le dice al líder del PIL que tiene que "imponerse" con Fabián (en referencia a su hijo Fabián Martín, que en ese momento era vicepresidente del Cabildo y gobernaba junto al PSOE). "La locura es que yo debo 60 millones de euros al (palabra ininteligible) de Yaiza y los intereses corren cada minuto. Y la Fundación, ya me llegó ayer de la Sala diciendo que me dan ocho días para que recurra el tema (en referencia a la solicitud formulada por la Fundación César Manrique para que se ejecutara alguna de las sentencias que afectan a sus establecimientos hoteleros). Otra vez Felipe Fernández, facturas de ocho mil, facturas de diez mil, facturas de veinte mil euros cada dos por tres", afirma Rosa.
Las conversaciones también reflejan vínculos entre Rosa y otro de los principales imputados, Ignacio Díaz de Aguilar. La época de los pinchazos coincidió con la cruzada de un grupo de empresarios contra los Centros Turísticos, llegando a pedir incluso su cierre. Aunque la solicitud la firmaban otras personas, las conversaciones interceptadas por la UCO reflejan que quien de verdad estaba detrás eran otros empresarios.
Incluso, llegaron a plantearse "boicotear" la presentación de la última película de Pedro Almodóvar en Los Jameos del Agua, alegando que este centro no contaba con licencia. En una de las conversaciones, la ex alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, llama a Dimas Martín para decirle que Juan Francisco Rosa le ha dicho que van a utilizar esta "medida de presión". A continuación, Dimas habla con Rosa. Éste le dice que la "idea" ha sido de "Ignacio", y el líder del PIL le pide que no lo hagan. "Ahora tengo que llamar y convencer a Ignacio", termina respondiendo Rosa.
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