Celso Betancort (Mauritania, 1955) tiene una dilatada experiencia política. Primero fue miembro del PSOE, teniente alcalde y concejal de Festejos del Ayuntamiento de Arrecife entre 1983 y 1997 con José María Espino como alcalde. Abandonó el PSOE y se integró en el Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), llegando ser presidente desde 2002 a 2005.
Con el PIL fue consejero del Cabildo entre 1997 y 2003, asumiendo las áreas de deportes y de obras públicas. También fue concejal de Arrecife, de Obras Públicas, Barrios y Cultura, con ese partido entre 2003 y 2006, cargo que compatibilizó con el de parlamentario regional. En 2005 abandonó el PIL junto a María Isabel Déniz e Inés Rojas, entre otros, y fundó Asamblea por Lanzarote.
En 2007 abandonó la política y volvió a su puesto de trabajo en el aeropuerto de Guacimeta, donde era técnico administrativo de Iberia. Se incorporó a la empresa Clece, que había asumido el servicio de tierra de la compañía aérea. En Clece no tiene un puesto definido en el organigrama de la empresa y mantiene un estatus de cierto privilegio, según ha podido saber ACN Press.
Clece asumió el servicio de tierra de Iberia y de otras compañías en el aeropuerto hace unos años. La empresa pertenece a la sección de medioambiente del Grupo ACS, la misma sección a la que pertenece la empresa Urbaser.
FCC
Por otra parte, la detención de Marco Aurelio Hernández estaría relacionada con la trama de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). Esta empresa supuestamente pagó un viaje a Marruecos de 11.000 euros en noviembre de 2005 a al ex alcaldesa María Isabel Déniz y a otras ocho personas, su marido, sus hermanos, parejas y sus hijos, entre ellas su hermana Carolina Déniz, la actual viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias y por entonces directora general de Administración con la Justicia y después portavoz del Gobierno de Canarias.
Después de ese viaje, Déniz adjudicó la construcción de un pabellón deportivo a FCC, cuyo apoderado en la Isla era Francisco Armas, también detenido en abril pasado y acusado de cohecho. Armas fue presidente de la patronal hotelera de la Isla, está al frente de la constructora Horinsa y es socio del puerto deportivo Marina Rubicón y dueño del Hotel Gran Meliá Volcán, que tiene la licencia anulada.
En el caso de los hoteles, que lleva el Juzgado número dos de Arrecife, también está imputado por cohecho.
ACN Press
