El Cabildo de Lanzarote se dirigirá formalmente al Gobierno de Canarias para que "de manera urgente" inicie conversaciones con el Gobierno de España y la Comisión Europea con el fin de trasladar "la preocupación ciudadana ante la amenaza que suponen las extracciones petrolíferas autorizadas por Marruecos" y se adopten "las medidas encaminadas a evitar que se produzcan nuevas prospecciones en aguas próximas a Canarias".
Este acuerdo fue adoptado a raíz de una moción conjunta presentada por CC, PSOE y Somos en el pleno de este jueves, que contó con el voto favorable del resto de partidos a excepción del PP, que se abstuvo. Contempla tanto dirigirse al Parlamento de Canarias para solicitar su apoyo a esta iniciativa a través de un acuerdo plenario como "instar al Gobierno de Canarias para que a su vez realice gestiones ante el Estado español y la Unión Europea en el mismo sentido".
Asimismo, y conforme al contenido de la moción, el Cabildo instará al Gobierno de España a que, "a través de los canales políticos institucionales comunique al Reino de Marruecos los riesgos vinculados a la industria del petróleo y que, en caso de producirse cualquier tipo de incidente, afectaría a los valores naturales y pesqueros, tanto de las aguas canarias como marroquíes".
Del mismo modo, la primera Corporación insular solicitará al Estado español "la defensa del santuario marino que rodea a Lanzarote y Fuerteventura, en particular, y a Canarias, en general"; e instará al Gobierno de España y a la Unión Europea a ampliar el actual Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), del proyecto LIFE denominado 'Indemares', "que derivó en la designación del Espacio Marino del Oriente y Sur de Lanzarote-Fuerteventura para incorporar las zonas propuestas hasta la costa africana, en coordinación con las propias autoridades de las naciones limítrofes".
El Cabildo de Lanzarote trasladará copia de este acuerdo plenario tanto a la Federación Canaria de Municipios (FECAM) como a la Federación de Cabildos (FECAI) "para que a su vez lo hagan extensivo a todas las Corporaciones locales igualmente afectadas por esta problemática".
Rechazo de la mayoría a la reforma electoral
Por otro lado, el pleno del Cabildo de Lanzarote aprobó a moción presentada por Coalición Canaria, por la que se rechaza "cualquier modificación del actual sistema electoral que suponga una merma de la representatividad de Lanzarote en el Parlamento de Canarias" y se insta a los diputados autonómicos por Lanzarote "a que no respalden ninguna modificación" que propicie dicha merma. La propuesta de CC contó con el rechazo de los consejeros del PSOE, Ciudadanos y Podemos, el voto favorable del PIL y Nueva Canarias, y la abstención de Somos Lanzarote y PP, prosperando con 9 votos a favor y 8 en contra.
Al respecto, el presidente de la primera Corporación insular, Pedro San Ginés, afirma que "el PSOE y su portavoz en el Parlamento autonómico, diputada por Lanzarote y alcaldesa de San Bartolomé, María Dolores Corujo, podrán decir que no respaldarán nada que perjudique a la isla, pero no podrán decirlo sin faltar a la verdad por una cuestión objetiva y aritmética incontestable como es que ocho diputados sobre 60 significa más representatividad para Lanzarote que ocho sobre 70, que sería el nuevo número de parlamentarios autonómicos de prosperar la modificación".
Asimismo, San Ginés criticó que los portavoces de Podemos y Ciudadanos en el Cabildo, Benjamín Perdomo y Carlos Meca, respectivamente, "defiendan el sistema de reparto de escaños que respaldan sus respectivas formaciones políticas en función de la población, otorgando más diputados a Gran Canaria y Tenerife en detrimento de la representatividad de Lanzarote en el Parlamento".
Más desigualdad entre islas y más gasto público
En la moción se considera que "no es momento de aumentar el número de escaños cuando la tendencia es ir aminorando la administración pública", y se apunta que el incremento del número de diputados de 60 a 70, tal como se está barajando, "no resolverá los problemas de Canarias" y "supondría un incremento del gasto público en más de 2.360.000 euros, como mínimo, por legislatura".
En este sentido, no sólo no se comparte "una subida de diputados, dado que no es socialmente aceptable", sino que en el texto se señala que "sorprende que partidos como Podemos, que abanderan el fenómeno de lo que han llamado nuevas formas de hacer política, proponga un aumento del gasto público en cargos políticos".
Además, se considera que "el actual sistema electoral basado en el equilibrio entre islas a través de la triple paridad es un modelo de convivencia que nació en Canarias para evitar ahondar en el desequilibrio de las islas menos pobladas respecto a las capitalinas" y que el supuesto incremento "rompería el equilibrio en cuanto a representación en el Parlamento de las islas menos pobladas frente a las de capitales de provincia, ya que estas últimas tendrías más diputados que la suma de las cinco restantes islas", lo que incrementaría "aún más la desigualdad entre islas".
