El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Tías ha firmado en la mañana de este martes el decreto de cierre del restaurante La Ola en Puerto del Carmen. Un decreto que obedece, según José Antonio Gutiérrez, "al acatamiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias". El documento firmado este martes, apunta el concejal, "debe tener un efecto inmediato tras la notificación del mismo a los propietarios". Una notificación que pretenden "llevar a cabo a cabo a lo largo de día".
El responsable de Urbanismo asegura que éste es el segundo decreto que firma en el mismo sentido. "A principios del mes de enero había firmado otro decreto de cierre del local al que no obedeció la propiedad", sostiene.
En medio de la polémica desatada por la sentencia del TSJC, que ratifica un fallo anterior y ordena el cierre de La Ola, José Antonio Gutiérrez insiste en que la Corporación de Tías tenía que recurrir obligatoriamente la primera sentencia dictada por el juzgado de lo contencioso.-administrativo número 3 de Las Palmas dado que en la misma se apuntaban argumentos que el Ayuntamiento no consideró justificados. En esa primera sentencia se refiere que el ayuntamiento de Tías actuó "con temeridad y mala fe", al no paralizar las obras o cerrar el local en su momento, ya que éste no contaba con licencia.
Sin embargo, en esta última sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias cuestiona la actitud del Ayuntamiento, ya que no se limitó a defender su actuación ante este tema, sino que también pidió que se archivara el procedimiento. Según consta literalmente en la sentencia, "el Ayuntamiento de Tías, además de no reaccionar ante la ilegalidad, acude a los tribunales a defenderla, solicitando sin más el archivo del procedimiento a sabiendas de que el local no cuenta con licencia municipal de obras, que está afectando a una servidumbre de protección y que no consta la licencia de apertura".
Esta misma sentencia ratifica la primera en el sentido que no sólo no se contaba con licencia alguna sino que ni siquiera había sido solicitada. El concejal de Tías apunta que sí que hay una solicitud de licencia, aunque la misma se registra después de entablar el proceso judicial.
Indigación en CC y PP
Por su parte, a los concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Tías no parecen convencerles los motivos del equipo de gobierno y este mismo miércoles han presentado un escrito en el que solicitan al alcalde, José Juan Cruz, que presente su dimisión de forma "inmediata e irrevocable" ante la extrema gravedad de los hechos descritos en esa sentencia, en virtud de la cual se desestima el recurso de apelación interpuesto por el Consistorio.
A tenor de estos hechos, dice el PP, "el alcalde ha roto el juramento o promesa de cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes", y entienden que no se puede utilizar el dinero público, "el dinero de todos los vecinos", para defender ilegalidades, "para defender a los infractores ante los tribunales de justicia".
El PP considera que "esta situación de bochorno no la tienen por qué soportar las personas de bien del municipio de Tías, ni especialmente los comerciantes y empresarios de Puerto del Carmen, pues flaco favor se está haciendo al sector turístico de la zona".
Por su parte, el portavoz de CC en Tías, Pedro Calero, también ha respondido a la actitud del grupo de gobierno en este tema y denuncia que "el alcalde ha llegado al sumun del desgobierno municipal en el caso del restaurante La Ola". Desde el grupo municipal de Coalición Canaria se plantan muchos interrogantes al primer responsable de la corporación "¿Cuánto ha costado la defensa del citado caso a las arcas municipales? ¿Por qué hay dinero para pagar estas defensas y no, por ejemplo, a la Cruz Roja? ¿El catastrazo se ha instaurado en el municipio de Tías para que con los dineros de los ciudadanos se sufraguen estos gastos? ¿Va el Ayuntamiento de Tías a defender ante los tribunales a todos los vecinos que así se lo soliciten, o por el contrario sólo a algunos?", preguntan los nacionalitas.
Coalición Canaria solicita que se aclare el asunto, al tiempo que denuncia "la doble moral del PSOE en la Isla. No es ni la primera, ni la única de las irregularidades que realiza el municipio gobernado por el Pilsoe. Sin embargo, da la sensación de que su alcalde goza de impunidad y que cuando estas acciones las realiza un socialista son más "comprensibles"."
Además, CC agrega que dentro del grupo de gobierno, el PIL es "un cómplice silencioso que se dedica a mirar para otro lado y reír, mientras sustenta con su voto estas calamidades".
