La Plataforma Canaria de Educación Inclusiva ha presentado esta semana varios escritos de advertencia jurídica preventiva ante el Consejo Consultivo de Canarias y el Consejo Escolar de Canarias, denunciando la tramitación irregular del nuevo Decreto sobre atención a la diversidad y orientación educativa que está impulsando la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Así lo ha hecho saber en una nota de prensa difundida en la mañana de este lunes.
Según esta entidad, que representa a familias y profesionales del ámbito de la discapacidad y la inclusión educativa, la norma se estaría elaborando "sin cumplir los requisitos legales del procedimiento administrativo, y sin garantizar la participación de la comunidad educativa ni de las entidades representativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE)".
Graves irregularidades detectadas
La Plataforma ha advertido de que:
- El decreto no ha sido incluido en el Plan Normativo Anual del Gobierno.
- No se ha elaborado la Memoria deAnálisis de Impacto Normativo (MAIN), obligatoria por ley.
- No se ha abierto consulta pública previa, a pesar de que la norma afecta directamente al ejercicio del derecho fundamental a la educación.
- El borrador ha sido difundido de manera informal y selectiva, sin garantías de transparencia.
- No se ha recabado el dictamen preceptivo del Consejo Consultivo nidel Consejo Escolar, órganos que deben intervenir antes de aprobar normas que afecten al sistema educativo y a derechos fundamentales.
Un decreto que perpetúa la segregación
Además de los defectos formales, la Plataforma ha considerado que "el borrador consolida un modelo de escolarización segregador, contrario a la Constitución, a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidadde la ONU (art. 24) y a la jurisprudenciadel Tribunal Supremo".
La propuesta normativa ha permitido "derivaciones a centros de educación especial sin garantías de ajustes razonables ni apoyos en centros ordinarios, vulnerando el derecho subjetivo a la educación inclusiva y agravando las desigualdades sociales".
Acciones registradas y documentadas
La Plataforma ha acompañado los escritos con un informe jurídico sobre la nulidad del procedimiento, un documento de enmiendas al decreto y copia del escrito registrado en el Parlamento de Canarias el pasado 28 de marzo, en el que ya se advertía a la Consejería de la ilegalidad del procedimiento y de "la necesidad de respetar la reserva de ley en materia de educación".
Falta detrazabilidad en las reuniones informales
La Plataforma también denuncia que, en fecha 7 de mayo de 2025, durante su comparecencia en el Parlamento de Canarias, el consejero de Educación, Don Poli Suárez Nuez, ha reconocido públicamente que la Consejería está manteniendo reuniones informales con los entes implicados en la elaboracióndel Decreto.
Sin embargo, ha señalado que "estas reuniones no se documentan, no se publican ni se permite el acceso a suscontenidos, lo que impide su trazabilidady verificación". Por tanto, han considerado "que este proceso no puede considerarse válido como sustitutivo dela consulta previa pública exigida por el artículo 133 de la Ley 39/2015, puesto que no cumple conlasexigencias mínimas del principio de transparencia que el propio consejero afirma estar cumpliendo". Además, la transparencia no se presume: debe acreditarse documentalmente, máxime cuando se trata de una norma que afecta al ejerciciode derechos fundamentales.
Por todo ello, han anunciado que van a requerir formalmente, de nuevo, al Parlamento de Canarias que "se cumpla con el procedimiento legalmente establecido" en "nuestro ordenamiento jurídico durante todo el proceso deelaboración, modificación y aprobación del Decreto", de modo que:
- Se garantice la participación efectiva de todos los entes implicados.
- Se recojan oficialmente sus propuestas y aportaciones, con trazabilidad documental.
- Se intente alcanzar el mayor grado de consenso posible, dentro de la legalidadvigente.
- Se asegure la participación realy accesiblede las familias y personas directamente afectadas por esta norma.
- Se respete el principiode transparencia y publicidad, como condición para la legitimidad del proceso.
Según la Plataforma Canaria de Educación, el contenido de esta norma pretende regular el ejercicio del derecho fundamental a la educación del alumnado con discapacidad, incluyendo limitaciones al acceso a una escolarización inclusiva, por lo que se trata de una materia que cuenta con reserva de ley, según establece el artículo 53 de la Constitución Española. "Su regulación exige la máxima garantía legal, institucional y democrática", han exigido en el comunicado.
Exigen diálogo "real y garantías jurídicas"
La Plataforma ha tenido conocimiento, a través de una nota de prensa reciente, de que el consejero de Educación ha declarado que no desea "imposiciones" por parte de las familias, sino "llegar a un consenso entre ellas". En este punto, han asegurado que coinciden "plenamente": "Las familias tampoco quieren seguir sufriendo las imposiciones de la administración educativa, que de forma reiterada obliga a recurrir a la vía judicial para que sus hijos puedan ejercer su derecho a la educación en condiciones de igualdad y con las mismas garantías que el resto del alumnado sin discapacidad".
Así, han añadido que "precisamente por eso, las familias han actuado con responsabilidad institucional y han presentado una propuesta formal y motivada de modificación del borrador del Decreto, con el objetivo de aportar soluciones jurídicas y técnicas que hagan viable una norma respetuosa con los derechos fundamentales. Esta propuesta fue entregada oficialmente y defendida en sede parlamentaria el 23 de marzo de 2025, en el marco de una reunión mantenida con representantes del Parlamento de Canarias.
Finalmente, han asegurado que "a día de hoy, la Consejería de Educación no ha dado respuesta oficial ni técnica alguna dicha propuesta".
