“Mientras yo sea alcaldesa, no voy a permitir este atropello”. Eso es lo que ha afirmado este jueves la primera edil de Arrecife, Ástrid Pérez, que ahora ha anunciado que el Ayuntamiento pedirá la nulidad del justiprecio del solar de Ginory, después de haber solicitado un crédito millonario para adelantar ese pago.
El anuncio se basa en un informe de la nueva secretaria, que entre otras cosas concluye que ese solar es “inexpropiable”. En concreto, señala que en el Plan General que ya estaba vigente en ese momento, el terreno estaba adscrito al sector de Capellanía, donde debían ser compensados los propietarios. Por eso, señala que el mecanismo de la expropiación para obtener ese solar carece de “legitimidad”.
Sin embargo, la propiedad instó en su día la expropiación reclamando que se fijara un justiprecio y, según la secretaria, tampoco se cumplieron los trámites obligados para ello. Por un lado, en los plazos, ya que solicitó una retasación antes del plazo previsto por la ley. Por otro, por la ausencia de informes técnicos y jurídicos.
Por eso, la secretaria concluye que el Ayuntamiento debe instar al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa a que revise el acuerdo, por los distintos “motivos de nulidad” que detalla en su informe.
“Lo vamos a hacer. Este gobierno va a plantear la nulidad de pleno derecho”, ha afirmado la alcaldesa. No obstante, también ha apuntado que tiene "pocas posibilidades de prosperar", porque “el Jurado de Expropiación forzosa puede negarse a incoar esa nulidad”.
“La ley dice que cuando transcurre mucho tiempo, el jurado puede negarse a revisar el caso, y desde 2008 hasta aquí, imagínese si ha pasado. Pero este gobierno, que es un gobierno responsable, va a hacerlo. Que nadie pueda decir que no lo intentamos”, ha añadido Ástrid Pérez, que al mismo tiempo ha defendido el crédito que solicitó para adelantar el pago de 20 millones de euros a la propiedad.
Críticas a los anteriores alcaldes, centradas solo en dos
Además, tras tres años en el cargo, Pérez ha lamentado que “ningún alcalde” hubiera dado antes este paso para anular el justiprecio, aunque solo se ha referido a los socialistas Enrique Pérez Parrilla y Eva de Anta.
Al primero, le ha responsabilizado del inicio del segundo expediente del justiprecio, que es el que está en vigor, por haberlo “remitido” al Jurado de Expropiación “sin los informes preceptivos” y sin que se cumplieran los requisitos legales para tramitarlo.
En ese momento, ya se había emitido una primera tasación del año 2006, que fue recurrida en los Tribunales por el Consistorio y que terminó siendo anulada. Pero antes de que se resolviera ese pleito, la propiedad pidió una retasación en 2008, elevando la cifra que reclamaba a 41 millones de euros. Al respecto, la secretaria señala que como mínimo debían transcurrir cuatro años para pedir una retasación, por lo que no tenía que haberse tramitado siquiera.
Además, subraya que cuando la Justicia terminó anulando la primera tasación en 2010, lo hizo por las mismas causas de nulidad que considera que se daban en la segunda, que se fijó en 20 millones de euros. Sin embargo, ésa no llegó siquiera a ser recurrida por el Ayuntamiento. Solo recurrió la propiedad, reclamando que aumentara la cifra, aunque perdió el pleito.
“El citado acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación forzosa de Las Palmas de fecha de 22 de junio de 2010, que fue notificado al Ayuntamiento de Arrecife en fecha de julio de dicho año, no fue impugnado, ni en vía administrativa ni en vía judicial”, advierte la secretaria en su informe. En ese momento, la Alcaldía estaba en manos de Cándido Reguera, del PP, aunque Ástrid Pérez no ha hecho referencia a esa parte del dictamen.
De hecho, en su intervención ha defendido a su compañero, al que tanto el PSOE como otras formaciones han culpado de haber dejado vencer el plazo sin recurrir esa tasación. “No está justificado que Cándido Reguera fuera el culpable”, ha defendido Ástrid Pérez, que ha calificado de “indecente” el “ir a los medios a culpar a personas que están muertas y que no se pueden defender”.
Ella, por su parte, ha responsabilizado al PSOE, primero porque asegura que fue quien autorizó en los años 80 que se cubriera de tierra lo que solo era una lámina de agua, quedando “en manos privadas”. Después, por permitir que se iniciara el trámite de la retasación del justiprecio en 2008 bajo la Alcaldía de Enrique Pérez Parrilla.
A lo sucedido en los años siguientes, en los que hubo hasta tres alcaldes más, uno de ellos del PP, no ha hecho mención. Su siguiente referencia ha sido a Eva de Anta, en este caso para criticar que no cumplió la sentencia que ordenaba el pago a la propiedad de Ginory. Y es que ha reiterado que supuso una penalidad del Juzgado, aumentando los intereses que debía pagar el Consistorio.
En su caso, ha seguido defendiendo que al adelantar el principal de la deuda, de 20 millones de euros, el Ayuntamiento ha ahorrado en intereses, aunque la propiedad no ha renunciado a ellos. Al respecto, Pérez se ha referido al último auto judicial que fija esos intereses en más de 9 millones de euros, defendiendo que el Ayuntamiento ha “ganado” ese incidente, con respecto a las pretensiones que tenía la propiedad.
