Aena tendrá que pagar al Ayuntamiento de San Bartolomé una sanción de 15.000 euros por el aparcamiento de la T1. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dado la razón al Consistorio y ha desestimadoº el recurso presentado por el ente público contra la sentencia de primera instancia, que estimó "conforme a derecho" la sanción impuesta por el Ayuntamiento. Concretamente, San Bartolomé decidió sancionar a Aena por llevar a cabo la actividad del parking sin licencia municipal. Ahora, este organismo deberá presentar el proyecto técnico y abonar las tasas para obtener la licencia.
Las tesis municipales que ahora ha avalado la justicia sostenían que la actividad comercial de la instalación debe ser "controlada a través del correspondiente título habilitante, toda vez que intervienen cuestiones de seguridad (incendios, emanación de gases, concentración intensa de vehículos y personas) ante las que es responsable el Ayuntamiento".
El Consistorio, que ha informado de esta decisión judicial, ha señalado que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias hace "extensiva esta apreciación a otras actividades complementarias al aeropuerto, como oficinas de compañías aéreas instaladas dentro del vestíbulo, restaurantes, establecimiento comerciales de alquiler de vehículos etc." Así, el Ayuntamiento señala que éstas "no se encuentran exentas de licencia de actividad de control preventivo local sobre actividades ciudadanas".
La alcaldesa de San Bartolomé, Dolores Corujo, ha manifestado que el "único interés que persigue este gesto es garantizar la seguridad del recinto". "Lo que puede hacer AENA es habilitar un espacio abierto destinado a aparcamiento hasta tanto obtenga las preceptivas autorizaciones que le permitan desarrollar la actividad en condiciones óptimas, tanto de legalidad como de seguridad", señala Corujo,
En virtud de este fallo, la entidad gestora de los aeropuertos españoles deberá presentar ahora el proyecto técnico de instalaciones en el que se describan las instalaciones, se justifique la adecuación de la actividad proyectada a los usos previstos en el planeamiento, a la normativa sectorial y ordenanzas municipales aplicables a la misma, y abonar a las arcas municipales la correspondiente tasa de licencia de actividad o apertura.
