Canal Gestión Lanzarote ha solicitado que el Consejo Consultivo de Canarias disponga de “todos los elementos de juicio necesarios” antes de emitir un dictamen sobre el procedimiento de resolución del contrato iniciado por el Consorcio del Agua de Lanzarote.
La compañía recuerda que el Consorcio ha iniciado un expediente para resolver el contrato de gestión de los servicios del agua en la Isla por una “pretendida causa de resolución imputable” a Canal Gestión Lanzarote. Sin embargo, subraya que también ha presentado ante el propio Consorcio un escrito solicitando la resolución del contrato “por los graves y reiterados incumplimientos” atribuidos al ente público.
En este sentido, Canal Gestión considera que “difícilmente el Consejo Consultivo de Canarias podrá emitir un dictamen ajustado a la situación actual” sin conocer también los argumentos recogidos en ese escrito. Por ello, la empresa ha pedido formalmente que dicha documentación sea remitida al órgano consultivo para que pueda pronunciarse “de forma coherente, completa y fundada sobre la verdadera causa de la crisis contractual, su imputabilidad y las consecuencias que, en su caso, deban derivarse de la eventual resolución del contrato”.
Incidencias en la desaladora Lanzarote V
Aprovechando este comunicado, Canal Gestión Lanzarote también ha respondido a las declaraciones realizadas en los últimos días sobre la incidencia registrada en la desaladora Lanzarote V.
La empresa asegura que esta infraestructura “no fue ejecutada por Canal Gestión Lanzarote”, sino que fue construida por el Gobierno de Canarias en 2014 y es titularidad del Consorcio del Agua de Lanzarote.
Sobre la avería registrada la pasada semana en uno de los módulos de la planta, Canal Gestión afirma que fue abordada “de inmediato” por sus equipos técnicos, que trabajaron “de forma continuada” y movilizaron “todos los medios humanos y técnicos disponibles” hasta restablecer el servicio.
No obstante, la compañía sostiene que los cortes de agua no se debieron únicamente a esta incidencia, sino también a “la concatenación de otra incidencia surgida en la desaladora móvil gestionada directamente por el Consorcio del Agua”, cuya indisponibilidad “prolongó y agravó” la reducción de la capacidad de producción del sistema insular. Además, añade que, a fecha de este comunicado, “el Consorcio todavía no ha puesto en funcionamiento su desaladora portátil”.
Defensa del mantenimiento
Canal Gestión Lanzarote defiende igualmente que cumple “de manera responsable” con las obligaciones contractuales de mantenimiento, una cuestión que, asegura, “ha sido acreditada mediante auditorías externas independientes”.
La empresa cifra en un 98,39 % la tasa de disponibilidad de la desaladora Lanzarote V durante 2025, incluyendo las paradas necesarias para labores de mantenimiento.
Asimismo, recalca que, en “más de trece años de prestación del servicio”, el Consorcio del Agua “no ha incoado expediente sancionador alguno” por los supuestos incumplimientos en materia de mantenimiento a los que ahora hace referencia.
Por el contrario, Canal Gestión destaca que ha ejecutado actuaciones de rehabilitación y mejora en otras plantas, como Lanzarote IV en 2016 y Lanzarote III en 2021, inversiones que, según indica, “constan en los expedientes del propio Consorcio del Agua”.
Críticas al Consorcio
En el comunicado, la compañía acusa al Consorcio del Agua de “justificar sus carencias y nulas inversiones en desalación” responsabilizando a Canal Gestión Lanzarote para “eludir su responsabilidad ante los cortes de agua que sufre la población”.
La empresa insiste en que las infraestructuras hidráulicas son titularidad del Consorcio y recuerda que este organismo “ha anunciado reiteradamente planes e inversiones en materia de desalación que no han llegado a materializarse”, lo que, según sostiene, ha generado “un déficit estructural que repercute directamente en la operativa del sistema y en la calidad del servicio”.
Como ejemplo, Canal Gestión señala que el Consorcio anunció en 2023 la ampliación de las desaladoras de Díaz Rijo por 9,5 millones de euros, unas obras que “tres años después aún no han comenzado”.
Pese a ello, la empresa recalca su “compromiso con la prestación responsable del servicio, la lealtad institucional y la defensa de su buen nombre”, y asegura que seguirá actuando “con rigor técnico y jurídico” mientras continúan los procedimientos administrativos y judiciales en curso.
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