Según como sople el viento en una institución, los técnicos parecen de pronto cobrar una categoría casi superior. Los políticos se olvidan de que quienes gobiernan y toman las decisiones son ellos, porque para eso les ...
Según como sople el viento en una institución, los técnicos parecen de pronto cobrar una categoría casi superior. Los políticos se olvidan de que quienes gobiernan y toman las decisiones son ellos, porque para eso les votaron los ciudadanos, y se escudan en los informes de sus técnicos, como si fueran oráculos sin posibilidad de error. Como si su palabra fuera a misa. Y lo cierto es que no debería ser así.
El papel de los técnicos es el de ser instrumentos de consulta y un político no puede, por ejemplo, conceder una licencia con un informe técnico contrario, porque podría enfrentarse a responsabilidades legales, pero eso no significa que todo lo que digan deba realizarse. Es decir, deben velar por la legalidad de lo que se hace, pero no pueden marcar la acción política. Por un lado, porque los ciudadanos no les han elegido para eso. Por otro, y más importante, porque son personas como el resto de los mortales, y también se equivocan.
Esta semana, sin ir más lejos, se ponían sobre la mesa varios ejemplos. Por un lado, el propio alcalde de Yaiza tenía que reconocer en el pleno que otorgó una licencia donde no debía, según él, por un error "en base a una confusión del informe técnico". Y ese "error" le puede costar 500.000 euros al Ayuntamiento, que es lo que piden los promotores a los que se les había autorizado la construcción de tres viviendas donde sólo podía ir una.
En esta ocasión lo ha admitido el propio José Francisco Reyes, pero en el resto, ha sido la Justicia quien ha tenido que actuar, a instancias del Cabildo, anulando licencias que el alcalde sureño ha ido concediendo para hoteles y megacomplejos, que muchas veces contaban con informes técnicos favorables. El caso más sangrante, en el que por ahora ya hay medidas cautelares para que no se mueva una piedra mientras llega la sentencia, es la licencia de las mil viviendas. Y ahí, además del dinero del municipio que se está gastando Reyes para conseguir incluso que se levante esa suspensión cautelar, sí se van a depurar responsabilidades. Y no sólo políticas.
Dos técnicos municipales ya han tenido que declarar como imputados en este caso que está en manos de la Justicia, tras la querella criminal que interpuso el Partido Socialista. Tanto ellos como el alcalde están acusados de un delito de prevaricación urbanística.
Pero además de casos especialmente graves como éste, que autorizó el mayor proyecto urbanístico de la isla, por el que se ubicarían 1.012 viviendas, 220 locales comerciales y más de 2.500 plazas de garaje al norte de Playa Blanca, en un suelo no urbano y obviando el Plan Insular de Ordenación de 1991, también hay otros ejemplos que ponen en duda la acción de los técnicos.
En Arrecife, donde ahora el grupo de gobierno se está amparando precisamente en sus técnicos para permitir la apertura del polémico centro comercial de Eduardo Spínola, sin haber hecho siquiera un estudio del impacto que causará en el tráfico, pese a la cercanía del Hospital General, y con el agravante de que la licencia inicial sólo permitía construir un almacén con aparcamientos, también hay ejemplos de informes que después han sido desmontados por la Justicia.
Sin ir más lejos, en el caso de otro centro comercial, el de Valterra, los técnicos municipales habían dado luz verde y fue necesario recabar otras opiniones que llevaron a terminar denegando la licencia. Y hace dos meses, esta medida que adoptó entonces el Ayuntamiento recibía el respaldo judicial a través del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Numero 1 de Las Palmas, que desestimó el recurso que hace seis años interpuso Pío Coronado contra el Consistorio.
