Hace unos días el Cabildo de Lanzarote dio un nuevo paso en la tramitación del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural del Archipiélago Chinijo, tras la aprobación del documento de alcance del Estudio Ambiental Estratégico por parte del Órgano de Evaluación Ambiental Insular. Puede parecer un trámite técnico más, pero en realidad supone un avance decisivo en la ordenación y protección de uno de los espacios naturales más valiosos de nuestro archipiélago.
Los planes y normas territoriales no son simples documentos administrativos. Son, en esencia, herramientas fundamentales para proteger el territorio, ordenar los usos y garantizar que el desarrollo de Lanzarote y La Graciosa sea compatible con la conservación de nuestro patrimonio natural en conjunción con la calidad de vida de quienes aquí vivimos.
Desde la Consejería de Medio Ambiente somos muy conscientes de ello. El Cabildo es el órgano gestor de los espacios naturales protegidos de la isla, y contar con instrumentos de ordenación claros y actualizados nos permitirá tomar decisiones con mayor seguridad jurídica ante situaciones que afectan directamente a nuestro territorio: desde la regulación de actividades en espacios sensibles hasta la actuación frente a denuncias por usos indebidos del suelo o impactos ambientales.
Por eso quiero aprovechar estas líneas para poner en valor y agradecer el gran trabajo que está realizando la Consejería de Política Territorial que dirige con habilidad mi compañero Jesús Machín, junto a todo su equipo técnico. En apenas tres años de gobierno en el Cabildo, bajo el gobierno del Cabildo presidido por Oswaldo Betancort, se han logrado desbloquear todos los instrumentos de ordenación territorial que durante años permanecieron paralizados.
La realidad es que cuando llegamos al gobierno insular nos encontramos con una situación difícil de justificar: Lanzarote y La Graciosa seguían arrastrando un Plan Insular de Ordenación del Territorio del año 1991, manifiestamente obsoleto y sin capacidad de responder a los desafíos actuales. Peor aún, el conocido Plan de Ezquiaga, que había costado más de 600.000 euros y recogía amplios consensos sociales, fue literalmente tirado a la basura en la pasada legislatura.
Además, éramos la única isla de Canarias que no contaba con un Órgano de Evaluación Ambiental, una herramienta esencial para tramitar y agilizar los planeamientos territoriales. Su creación en este mandato ha sido decisiva para desbloquear documentos clave que hoy avanzan de manera firme.
Gracias a ese trabajo se ha avanzado en la tramitación de instrumentos fundamentales como el Plan Especial del Paisaje Protegido de La Geria, el PRUG del Archipiélago Chinijo, el PORN del Parque Natural de Los Volcanes, las ordenanzas para zonas de acampada o la ordenanza para la implantación de energías renovables, que permitirá establecer con claridad dónde pueden instalarse y dónde no las infraestructuras eólicas o fotovoltaicas, garantizando su compatibilidad con nuestro paisaje.
Pero sin duda uno de los hitos más relevantes es los pasos que se están dando permitiendo avanzar en el que será el nuevo Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT). Este documento inicial estratégico prevé proteger el 60 % del territorio insular, triplicar el suelo destinado al sector primario y eliminar más de 100.000 metros cuadrados de suelo turístico en Playa Blanca, reclasificándolo como espacio natural protegido.
No se trata solo de ordenar el territorio. Se trata de preservar el medio ambiente, la identidad y la esencia de Lanzarote y La Graciosa. Hablamos de unas islas reconocidas internacionalmente como Reserva de la Biosfera, Geoparque Mundial de la UNESCO y territorio reconocido como Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) , distinciones que reconocen un modelo único de relación entre paisaje, cultura y actividad humana. Mantener ese equilibrio exige planificación, regulación, normas claras y decisiones valientes.
Los instrumentos de ordenación permitirán, por ejemplo, regular con precisión determinadas actividades que hoy generan controversia social o impactos ambientales. Entre ellas, cuestiones como la prohibición de la exportación de rofe o regular su extracción, una actividad tradicional que necesita criterios claros sobre dónde puede realizarse y en qué condiciones para evitar la degradación del paisaje.
Del mismo modo, estos planeamientos permitirán ordenar claramente actividades recreativas motorizadas en el medio natural, como los recorridos en buggies o quads, estableciendo itinerarios autorizados y limitaciones en zonas especialmente sensibles para evitar daños en el suelo, en la flora o en espacios protegidos. También resultarán fundamentales para definir con claridad los usos turísticos y residenciales en determinados entornos, especialmente en lugares tan frágiles como La Graciosa o el entorno de Famara, donde es necesario determinar dónde es compatible la vivienda vacacional y dónde debe prevalecer la protección del territorio y la calidad de vida de los residentes.
En paralelo, herramientas como la ordenanza para la implantación de energías renovables permitirán avanzar en la transición energética, pero haciéndolo con planificación y respeto al paisaje que nos caracteriza. Por primera vez será Lanzarote y La Graciosa quienes determinen con criterios técnicos dónde sí y dónde no deben implantarse instalaciones eólicas o fotovoltaicas, evitando impactos visuales o territoriales incompatibles con nuestra identidad.
Todo ello responde a un mismo objetivo: ordenar para proteger. Porque proteger Lanzarote no significa paralizar su desarrollo, sino dirigirlo con inteligencia, con planificación y con respeto hacia un territorio que es único en el mundo.
Este es, además, el rumbo que ha marcado desde el inicio de esta legislatura el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, quien, frente a la evidente demagogia del gobierno socialista anterior, ha impulsado una forma de gobernar basada en la coordinación real entre áreas y en la acción conjunta para afrontar los grandes retos de nuestra isla. Bajo su presidencia, las distintas áreas del Cabildo estamos trabajando de forma alineada, sumando esfuerzos y compartiendo objetivos, con una convicción irrenunciable: proteger
nuestro territorio es también proteger nuestro futuro.
Desde Medio Ambiente seguiremos avanzando en esa dirección, de la mano del resto de áreas del Cabildo y, especialmente en lo que nos concierne, de la Consejería de Política Territorial, para garantizar que cada decisión que tomemos tenga siempre como horizonte la conservación de nuestra tierra, de nuestro paisaje y de nuestra identidad. Porque Lanzarote no puede permitirse improvisar su futuro.Y proteger la identidad de lo que hoy somos es la mejor forma de garantizar lo que seremos mañana.
