Operación D

Al menos 20 detenciones. Siete personas en prisión sin fianza. Dos ayuntamientos, varios domicilios, oficinas y estudios de arquitectos puestos patas arriba en busca de documentación. Comunicaciones oficiales de la Guardia ...

1 de junio de 2009 (12:20 CET)

Al menos 20 detenciones. Siete personas en prisión sin fianza. Dos ayuntamientos, varios domicilios, oficinas y estudios de arquitectos puestos patas arriba en busca de documentación. Comunicaciones oficiales de la Guardia ...

Al menos 20 detenciones. Siete personas en prisión sin fianza. Dos ayuntamientos, varios domicilios, oficinas y estudios de arquitectos puestos patas arriba en busca de documentación. Comunicaciones oficiales de la Guardia Civil afirmando que se ha desarticulado "una importante trama organizada dedicada al cobro de comisiones presuntamente ilegales". Un detenido pillado "in fraganti", según los agentes, como una supuesta comisión ilegal de 100.000 euros. Desde luego la presunción de inocencia es algo que asiste a todos y cada uno de los implicados en la Operación "Unión", y puede que algunos realmente se hayan visto salpicados sin comerlo ni beberlo, pero lo cierto es que una operación de semejante calibre no se monta sólo con humo, y mucho menos con "persecuciones políticas".

Sin embargo, pese a que tiene un importante historial a sus espaldas, y hasta en tres ocasiones ha tenido que ir a acompañar a su líder a prisión, eso no ha impedido al PIL volver a poner en marcha la campaña del victimismo y la distorsión de la realidad, pese a que el partido se enfrenta al mayor escándalo judicial que le ha salpicado hasta la fecha.

Es como si Arrecife, la isla y el país entero estuvieran asistiendo a una historia, y los de Dimas Martín a otra completamente diferente. Al menos, a juzgar por la única nota de prensa que han enviado hasta el momento, y por las declaraciones de los pocos miembros del PIL que se han atrevido a dar la cara públicamente en los últimos días.

Desde luego tienen todo el derecho del mundo a defender la inocencia de sus compañeros y de todos los detenidos, pero lo que es inadmisible en un estado de derecho es que se cuestione alegremente a jueces, fiscales y agentes de una unidad especial de la Guardia Civil, insinuando que todo el operativo que han desplegado en Lanzarote responde a una campaña del Partido Socialista.

Por un lado, porque en esta ocasión esa estrategia de defensa ofende a la inteligencia y al sentido común, ya que los de Dimas se declaran perseguidos por el mismo partido con el que mantienen un pacto de gobierno, y al que además este escándalo tampoco deja en buen lugar, ya que en definitiva el PSOE ostenta la alcaldía del Ayuntamiento implicado en esta presunta trama, y además ha visto a dos de sus militantes detenidos, por más que uno de ellos estuviera distanciado de la dirección oficial del partido.

Pero sobre todo, porque aunque llevan años con la cantinela de la persecución, jamás se ha visto a Dimas Martín ni a su partido presentar una denuncia por unos hechos que de ser ciertos serían gravísmos. No han denunciado a los partidos políticos, ni a los agentes que llevan a cabo las investigaciones, ni a los jueces que imputan, ni a los que han condenado a Dimas Martín hasta en tres ocasiones desde que inició su actividad política.

Y lo malo no es sólo que su partido le siga defendiendo como un mesías iluminado e incomprendido por la Justicia. Lo peor es que, a pesar de que sobre sus espaldas ya pesa una condena por malversación de fondos públicos, y pese a que lleva tres años cumpliendo una pena de cárcel en Tahíche, los integrantes del PIL ni siquiera se molestaban en ocultar que Dimas seguía llevando los hilos del partido, y por tanto de las áreas donde gobiernan en las instituciones insulares.

Ellos dicen que asesora. Ahora, la Operación "Unión" también pone sobre la mesa lo que eran secretos a voces en la isla: que mientras disfrutó del tercer grado penitenciario, aprovechaba sus días libres para reunirse con unos y con otros en despachos instalados en oficinas públicas. Entre ellos, una oficina de Inalsa en Costa Teguise que también fue registrada por la Guardia Civil. Y semejante aberración parecía haberse normalizado en Lanzarote.

Parece que la isla se había acostumbrado a que aquí las cosas son así. Y desde luego, de eso no tiene sólo la culpa el PIL. La tiene su socio de gobierno. La tienen los partidos que no condenaban esa situación, y que estarían dispuestos a entrar por el mismo aro y a recibirles con los brazos abiertos si se oteara un buen pacto en el horizonte, como de hecho así ha sido. Y es que las principales fuerzas políticas de la isla han gobernando en los últimos años con los de Dimas Martín, que hasta llegó a ser presidente del Cabildo estando preso en Tahíche. Pero claro, en esta isla, las mociones de censura se montan por otras cosas.

Afortunadamente, lo que no han hecho ni los partidos políticos ni los ciudadanos con sus votos, lo están haciendo ahora la Guardia Civil y la Justicia. Y es que independientemente de cómo termine la Operación "Unión", de momento ya ha sacudido las entrañas de un sistema que olía a podrido desde hace demasiado tiempo.

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