Como bien es sabido, el Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) tuvo su origen en el año 2016 en las partidas que anualmente devolvía Canarias a Madriden concepto de indemnización por la extinción del antiguo Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE) para que se queden en las islas.
En cuanto al objetivo de dichos fondos, también conviene recordar que están destinados a la realización de acciones que contribuyan a la cohesión económica social y territorial, así como al desarrollo económico de Canarias y a la creación de empleo en las islas.
Sobre dichos fondos el Gobierno de Canarias tiene potestad normativa para fijar, en conjunción con el resto de administraciones locales insulares, las pertinentes líneas estratégicas y demás condicionantes de los fondos, aspecto en el que me remito a la normativa vigente.
Lo que no es de recibo, ni comprensible, es que en un territorio fragmentado, con sus propias singularidades e idiosincrasia, se vaya a actuar de forma más centralista que el propio Gobierno Estatal en la gestión de los mismos por parte del Gobierno de Canarias.
Desde el punto de vista político estratégico es razonable y lógico que en la situación actual de crisis se proceda a reelaborar o rediseñar los ejes de los fondos en base a los retos que la pandemia Covid-19 y las necesidades de la ciudadanía nos demandan. Si ello se hace con cabeza y no supone una pérdida de tiempo ni se desecha trabajo en proyectos en fase avanzada, estaremos allí para apoyarlo.
Pero lo que no tiene sentido es que se decida desde Santa Cruz o Las Palmas qué es lo que necesita, en concreto, La Graciosa, Fuencaliente o el propio Cabildo de Lanzarote en materia de movilidad, por poner algunos ejemplos.
Nosotros defendemos que se mantenga un equilibro como el existente en la asignación de los fondos. Los Cabildos y los Ayuntamientos disponen de una mejor comprensión de las necesidades locales y ello permite un mayor impacto en el cumplimiento de los objetivos propuestos.
Lo que no tiene justificación alguna, bajo ningún concepto, es que se nos expropien unos fondos con una hoja de ruta ya marcada, en base a inversiones clave en cada territorio, con la única finalidad de cuadrar las cuentas de la Administración Autonómica Canaria.
El Gobierno de Canarias debe centrarse en ejercer sus competencias, que no son pocas. Plantear temas de alcance como el cambio del modelo turístico, mejorar las cifras de asistencia a la dependencia o la tan demandada reindustrialización de las Islas y el tan exigido desde Europa, nuevo modelo de sostenibilidad por el “Green New Deal”, entre otras muchas.
Y por supuesto, dejar al resto hacer su trabajo y no quitarle las pocas herramientas que tiene a disposición para atender las demandas de la ciudadanía.
Jacobo Medina, secretario insular del PP y vicepresidente del Cabildo de Lanzarote
