Lejos de encontrar luz, la situación judicial y urbanística de la isla se va complicando aún más, de la mano de sentencias que siguen anulando licencias y que, además, dificultan la búsqueda de soluciones para una isla que ...
Lejos de encontrar luz, la situación judicial y urbanística de la isla se va complicando aún más, de la mano de sentencias que siguen anulando licencias y que, además, dificultan la búsqueda de soluciones para una isla que tiene decenas de hoteles, viviendas y hasta aparcamientos en situación de ilegalidad. Y aunque es evidente que no se va a poder poner dinamita a media isla para empezar de cero, entre otras cosas porque eso llevaría a la ruina a los ayuntamientos que han sido los principales responsables de esta situación, lo cierto el empeño en intentar imponer determinadas tesis sólo está ayudando a perjudicar aún más incluso a los propios promotores.
El último ejemplo ha llegado del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que ha emitido una sentencia demoledora para el aparcamiento Islas Canarias. En este caso, el Tribunal ha desestimado el recurso presentado por el Ayuntamiento, que pretendía evitar el derribo del parking alegando que la sentencia era inejecutable, entre otras cosas, porque tirarlo abajo también supondría eliminar el parque situado justo encima. Pero en respuesta a esto, el Tribunal viene a decir que si al Ayuntamiento no le preocupó levantar el parque para hacer el aparcamiento, tampoco debería preocuparle ahora volver a hacerlo para eliminar una infraestructura cuyas licencias ya han sido anuladas de manera firme.
Pero además de la importancia que tiene esta sentencia para la capital, también deja muchos mensajes a navegantes de otros puntos de la isla. Y es que en respuesta a los argumentos de la Sociedad Aparcamiento Parque Islas Canarias S.A., codemandada junto al Ayuntamiento en esta causa, el Tribunal cita una sentencia del Supremo que sostiene que aunque un nuevo planeamiento permitiera legalizar un edificio ilegalmente construido en su día, tampoco se evitaría una sentencia de demolición. Y mucho menos, si el cambio en la normativa está dirigido claramente a legalizar "lo indebidamente construido".
En definitiva, con el recurso del Ayuntamiento y la Sociedad Aparcamiento Parque Islas Canarias S.A., lo que han conseguido es que la Justicia se pronuncie con más claridad sobre cómo se debe ejecutar la sentencia que anuló las licencias de obra y de apertura del parking, complicando así las vías que pudiera buscar el Consistorio para regularizar el parking evitando el derribo y, sobre todo, la indemnización millonaria que tendría que afrontar, al haber autorizado en su día esta construcción.
Sin duda, una situación más que preocupante que se hace extensible a todos los hoteles cuyas licencias han sido anuladas con sentencia firme, y que siguen pendientes del informe que espera el Cabildo para intentar analizar cada caso y determinar cuáles pueden ser susceptibles de ser regularizados y cuáles no.
Y mientras Lanzarote afronta una misión imposible heredada de los anteriores gestores municipales, siguen saliendo a la luz datos que hacen aún más incomprensible la situación a la que se ha llegado. Y es que en Yaiza, que representa el mayor exponente de los desmanes urbanísticos de la isla, lejos de tener una economía saneada al menos gracias a los impuestos que debían pagar los promotores por esas licencias, el Ayuntamiento se encuentra asfixiado en deudas, ya que José Francisco Reyes dejó un agujero de unos seis millones de euros por impagos a Hacienda y a la Seguridad Social. Casi los mismos millones que, según hacía público esta semana el actual concejal de Hacienda del municipio, Leonardo Rodríguez, deben los promotores que obtuvieron licencias entre los años 2004 y 2008, ya que pagaron en concepto de impuestos mucho menos de lo que correspondía, porque se calcularon sobre el presupuesto inicial que declararon antes de hacer la obra, y el Ayuntamiento no revisó después si coincidía con el precio final de la construcción. Y el desfase, en uno de los ejemplos citados por Leonardo Rodríguez, era hasta de 1.200.000 euros, en el caso de una obra que terminó costando tres veces más de lo que dijeron al presentar el presupuesto.
Ahora, el Consistorio intentará cobrar ese dinero, aunque sólo podrá revisar las licencias de los últimos cuatro años, ya que en las anteriores habría prescrito cualquier derecho de reclamación por parte del Ayuntamiento. Y mientras prescribían esos derechos, el Consistorio que presidía Reyes había dejado de pagar el IRPF desde marzo de 2007, y llevaba la friolera de cinco años sin abonar la Seguridad Social de los empleados municipales. ¿Por qué? Ésa es ahora la gran pregunta.
