Hace dos meses, La Voz de Lanzarote se acercó hasta Playa Blanca para conocer de primera mano las historias de las verdaderas víctimas de ese Plan Parcial: los vecinos. Por eso, y después de escuchar sus testimonios, resulta ...
Hace dos meses, La Voz de Lanzarote se acercó hasta Playa Blanca para conocer de primera mano las historias de las verdaderas víctimas de ese Plan Parcial: los vecinos. Por eso, y después de escuchar sus testimonios, resulta aún más sorprendente el comunicado de prensa enviado esta semana por la Entidad de Conservación del Plan Parcial Playa Blanca, en el que los empresarios, los promotores, se comparaban con los verdaderos perjudicados.
"Han actuado de mala fe con nosotros". La frase es de uno de esos vecinos que decidió comprar una vivienda al sur de la isla. Y no se refería precisamente al Cabildo, ni al Gobierno de Canarias, sino a los que le vendieron su casa. Esos que ahora aseguran que desconocían la situación legal del Plan Parcial, y amenazan con demandar a todas las instituciones implicadas, aventurándose a calcular una indemnización de 200 millones de euros.
Evidentemente, la herencia de José Francisco Reyes en este asunto, como en tantos otros, deja un complicado panorama de resolución y, desde luego, los propietarios del Plan Parcial podrán alegar que tenían sus licencias municipales y, llegado el caso, exigir responsabilidades al Ayuntamiento. Pero lo que no pueden hacer es venderse como unas pobres víctimas que se acaban de enterar de esta situación.
De hecho, desde el Cabildo dejan claro que la Junta de Compensación del Plan Parcial no sólo fue notificada de la anulación del proyecto de urbanización que había solicitado el Cabildo, sino que además actuó intentado frenarla. Y su línea argumental, curiosamente, era la misma que después utilizó el Consistorio de Yaiza, presidido en esa época por José Francisco Reyes.
Sin embargo, no sólo siguieron construyendo, sino que además, y lo que es más grave, se dedicaron a vender casas a particulares, que ahora no sólo deben hacer frente a las hipotecas que están asfixiando a miles de españoles, sino que además no saben qué va a ser de sus viviendas. "Me han hipotecado la vida. Si yo quiero vender ahora mi casa, moralmente no puedo", decía uno de esos vecinos afectados.
Sin duda, toda una lección de la que algunos deberían tomar buena nota. Porque en este tema, además de la ley, que fue vulnerada al conceder esas licencias municipales que ahora han sido anuladas, también se mezcla la moral. Y es que una cosa es especular e intentar apostar por la política de hechos consumados con dinero propio, y otra arriesgar los ahorros de una familia que pasaba por ahí y, sin comerlo ni beberlo, se ha encontrado con esta situación.
Desgraciadamente, para ellos las medidas cautelares adoptadas por la Justicia a instancias del Cabildo han llegado tarde. Pero al menos, se ha conseguido evitar que esta situación siguiera sumando perjudicados y, hasta que lleguen los pronunciamientos judiciales definitivos, no se podrá seguir construyendo y será más fácil que los posibles nuevos compradores sepan qué está pasando realmente.
Sin embargo, sobre la mesa ya hay unos 400 afectados que, por si tuvieran poco, ahora están siendo utilizados de escudo por los mismos empresarios que les metieron en este entuerto, y que ahora usan su nombre para mezclar todo en el mismo saco y se atreven a exigir al Cabildo que "promueva de inmediato las medidas legales necesarias para restituir definitivamente la seguridad jurídica a los 450 vecinos y promotores del Plan Parcial". Y es que parece que ahora, cuando los tribunales llevan meses emitiendo sentencias en contra de un Plan Parcial que el Cabildo lleva años defendiendo que quedó extinguido con la Ley de Directrices, a los promotores les preocupa la seguridad jurídica.
