Dos concejales del PIL que gestionaban áreas clave en Arrecife; el propio alcalde capitalino; la alcaldesa de Yaiza y el ex alcalde José Francisco Reyes; el vicepresidente del Cabildo; el presidente insular de Coalición Canaria; un ...
Dos concejales del PIL que gestionaban áreas clave en Arrecife; el propio alcalde capitalino; la alcaldesa de Yaiza y el ex alcalde José Francisco Reyes; el vicepresidente del Cabildo; el presidente insular de Coalición Canaria; un consejero socialista y otros dos militantes del partido, y hasta el sobrino de la Reina de España... Sin duda la lista de imputados en el marco de la Operación "Unión" es escalofriante, pero aún así parece que a algunos les sigue sabiendo a poco. Por un lado, porque echan de menos supuestos "peces gordos" entre los empresarios implicados, y por otro porque, en definitiva, los delitos que a priori se imputan no implican grandes penas de prisión.
Sin embargo, y al margen de que este operativo aún no ha terminado, y actualmente se analiza la información recabada hasta el momento para seguir dando nuevos pasos, la realidad es que sólo lo conseguido hasta ahora es vital para el futuro de esta isla. Porque más allá de la presunción de inocencia de cada uno de los imputados, lo cierto es que lo que ha hecho esta operación es destapar una situación insostenible. Y lo que Lanzarote no puede seguir haciendo es cerrar los ojos ante el delito "menor", ante el trapicheo, ante el enchufismo y ante los tráficos de influencias.
Sin duda, el megaproyecto de Residencial Costa Roja, que pretendía construir más de mil viviendas a la entrada de Playa Blanca, no es algo baladí. Y tampoco la tramitación de los nuevos planes generales de Arrecife y Yaiza. Pero incluso en las cuestiones de menor envergadura que también incluye la Operación "Unión", hay una importancia trascendental. No se trata de si fulano menos o mengano más. No se trata de si en la cárcel están todos los que son. Se trata de romper la dinámica en la que estaba encerrada Lanzarote desde hace años.
La espectacularidad de esta operación ha hecho que muchos se pregunten cómo puede ser que una persona imputada siga ocupando un cargo público relevante, o que un funcionario de un área vital siga en su puesto. Sin embargo, hasta ahora, parece que nadie se rasgaba las vestiduras porque una persona no ya imputada, sino condenada en primera instancia por prevaricación urbanística, como José Francisco Reyes, ocupe un asiento en el Pleno del Ayuntamiento de Yaiza. O que el secretario de ese Consistorio continúe siéndolo, pese a estar imputado en varias causas. O que Juan Ramírez, condenado con sentencia firme, pendiente de ingreso en prisión y con otros procesos en espera de juicio, siguiera siendo concejal de Haría sin sonrojo, hasta que fue la Justicia la que tuvo que ordenar su cese.
Ni siquiera escandalizaba que un condenado siguiera marcando la política de esta isla, tanto de su partido como del resto, que llevan años bailando al son de promesas, pactos y sueños de futuro. Que un condenado, entre otras muchas cosas, por malversación de fondos públicos, siguiera controlando las instituciones donde ha logrado gobernar su partido, incluso haciéndolo desde Tahíche. Y de paso, tampoco escandalizaba lo suficiente ver que se inventan puestos para colocar a los amigos de un determinado partido, o que se precintan y desprecintan obras, o que a unos les cuesta dios y ayuda conseguir una licencia o un permiso de obra, y otros las logran en un abrir y cerrar de ojos.
Incluso, y según se desprende de la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil, todo esto se hacía sin demasiados remilgos ni cuidados. En las conversaciones grabadas y en las reuniones realizadas a la luz del día, habría pruebas de presuntos sobornos, como si la ley y la Justicia fuera algo que no iba a llegar a esta isla. Pero ha llegado. Sin duda, ése es el mensaje más importante que deja la Operación "Unión".
Independientemente de lo que pase ahora con esta investigación, de si se producen nuevas imputaciones o de las condenas que puedan llegar o no para los implicados hasta el momento, esto lanza un mensaje claro de que la impunidad ha llegado a su fin. Para el grande, para el mediano y para el pequeño.
Si algo es seguro es que esta intervención judicial no va a arrasar con todo lo negativo de esta isla, pero al menos sienta un precedente y a partir de ahora, más de uno se lo pensará dos veces antes de caer en determinadas conductas. Porque lo que no pueden perder de vista los ciudadanos de esta isla es que la corrupción no es sólo algo de grandes mafias. Muchos pocos también hacen un mucho, y todo aquel que entra en este juego pensando que lo suyo es algo "menor" está contribuyendo a pervertir toda una sociedad. Y ese mensaje, al menos, puede haber quedado claro ahora, convirtiéndose en un importante aviso que permita sanear la isla.
Y es que pese a lo que diga el PIL, las sentencias de Dimas, al igual que las de todos los políticos, funcionarios y ciudadanos de esta isla, las dicta la Justicia.
