La maquinaria ambiental de Canarias está en marcha. Atrás quedaron las moratorias y aquello del ‘desarrollo sostenible’ tan manoseado y malinterpretado, por una larga lista de personajes nefastos para el territorio canario. En ella han metido el anteproyecto de la Ley del Suelo del Gobierno de Canarias y la Ley de las Islas Verdes, auspiciada, esta última, por el Cabildo Palmero en un culo veo, culo quiero.
De la Ley del Suelo, "Ladrillo I de Canarias", el presidente del Gobierno canario, sostiene que no piensa ceder en el grueso de este anteproyecto. Según él y los voceros de los medios untados con publicidad institucional, es participativo y está respaldado por el Consejo Consultivo. Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad, una máxima que conocen muy bien los miembros del Ejecutivo.
Lo cierto es que esta ley no ha contado con la participación de todos los agentes sociales, y respecto al dictamen del Consultivo, solo hace referencia a cuestiones de seguridad jurídica que hay que solventar, contradicciones internas, omisiones o lagunas y cuestiona el modelo del proyecto de ley en el marco jurídico constitucional y estatutario. Ceder la gestión del suelo a los ayuntamientos, propicia el urbanicidio en suelo rústico, desmantelando aún más si cabe, el sector primario y, en definitiva, perpetuar la peligrosa dependencia alimentaria.
El otro ingrediente ya está aprobado, la Ley de las Islas Verdes, que llamada así podría parecer conservacionista, pero cuyo contenido da vía libre a los cabildos de La Palma, Gomera y El Hierro para la planificación de un desarrollo turístico desproporcionado, emulando a Tenerife y Gran Canaria, en lugar de buscar cada isla su encaje, respetando en todo momento su naturaleza y ofreciendo otro tipo de oferta.
No hay nada más miserable y mezquino que ligar el progreso, como lo llaman ellos, a la creación de empleo. Es curioso, pero en Canarias, solo puedes tener trabajo si se destrozan cebadales, si dejamos que nos perforen el mar o si destruimos nuestro bien más preciado, el territorio. La vinculación entre la político y el empresariado nunca persigue el interés general, sino el de estos últimos. En nuestra querida tierra los caciques aún no están extintos.
Me pregunto cuántas infraestructuras nuevas harán falta para asegurar la movilidad a los miles de nuevos residentes vacacionales, cómo afrontarán las islas verdes el crecimiento poblacional o cómo gestionarán el ingente aumento de residuos. La respuesta parece estar clara: dejando de ser hermosas y verdes.
La conclusión a la que llegamos es la de siempre. Nosotros ponemos el territorio, sufrimos la huella medioambiental, asumimos los costes de los recursos, ejercemos la mano de obra barata y el dinero se va para fuera, a engordar al touroperador y a la hacienda del Estado español.
Gracias por nada.
Yayi Borges, Responsable del Eje Nacional del Territorio de ANC.
