Durante siete años (1998-2015), la iglesia católica tuvo la oportunidad de inmatricular bienes a su nombre. Este proceso, vigente solamente durante esos años y autorizado por el Partido Popular, otorgaba a las diócesis la potestad de certificar la propiedad de bienes no registrados e inscribirlos a su nombre, pasando a ser de su propiedad. Durante este periodo se registraron 34961 bienes en toda España, la mayoría (30335) usando este sistema de certificación eclesiástica. En Canarias se inmatricularon un total de 532 y en Lanzarote 38. Entre ellos, la iglesia de San Ginés, Santuario de Dolores, ermitas, cementerios, plazas... Una parte, la iglesia, se autocertificaba y se quedaba con la propiedad.
La ciudadanía consideraba que las iglesias, ermitas o cementerios, eran de todos, aunque fuera la iglesia católica quien los administrara. De ahí, que se viera con buenos ojos que estuvieran exentos del pago del IBI o que las instituciones colaboraran en su mantenimiento. Ahora, lo que considerábamos de todos, la iglesia lo ha convertido en un bien privativo, exclusivamente de su propiedad. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que no paguen IBI o que las tareas de mantenimiento corran por cuenta de todos. También habrá que pensar dos veces, si marcar la casilla de la iglesia en la próxima declaración de la renta.
Comentario a parte merece la actuación del Partido Popular, pues fue esta fuerza política quien promovió este proceso de inmatriculación, promulgando una ley que lo facilito (Real Decreto 1867/1998 de 4 de septiembre, que reformó la Ley Hipotecaria de 1946). Posiblemente lo hizo para que afectase principalmente a lugares de culto, pero también se inmatricularon terrenos, viviendas, locales, plazas de garaje, un frontón, coches.…todo un abuso. Este proceso fue muy poco transparente, pues el PP se opuso a que se confeccionara un catálogo con los bienes inmatriculados, que hemos tardado cinco años en conocer.
La pregunta es clara ¿Cómo revertir esta situación? Vía tribunales de justicia, pero con la actual normativa, resulta muy difícil revertir la inmatriculación de cualquier bien. Actualmente hay un caso favorable: en Artá (Mallorca) el obispado inmatriculó las murallas históricas del pueblo, hecho que ahora cuestiona el tribunal supremo.
El tema pasa por una contundente acción política. Frente a las inmatriculaciones abusivas, un gobierno progresista como el actual, debe llevar a cabo un proceso de desarmotización administrativa (Las últimas realizadas Mendizábal y Madoz en el siglo XIX), anulando todas las inmatriculaciones o al menos, las realizadas utilizando el sistema de certificación eclesiástica, que son casi el 90%. El gobierno de España no puede permitir este expolio de nuestro patrimonio común, si está protegida la propiedad privada, más lo debe estar aquello que es de todos. Esta actuación política debe producirse sin dilación y ser concluyente.
Citando El Quijote diríamos ¡Con el clero hemos topado! Yo añado……….y espero que con hombres y mujeres valientes, que podrán desfacer este entuerto.
Eduardo Núñez González.
