Entre los años 1998 a 2015, por una ley específica promulgada por el gobierno del PP, siendo presidente José María Aznar, la iglesia católica puso a su nombre, registró, bienes inmatriculados; esto es, no registrados de los que no se conocía propietario legal. No tenía que acreditar su propiedad como se hace siempre, bastaba con alguna documentación o simplemente con una certificación eclesiástica. Esto es, la propia iglesia certificaba que el bien era suyo y ya era suficiente para registrar oficialmente como propio. Así, durante este periodo se registraron 34961 bienes en toda España, la mayoría (30335) usando el sistema de certificación eclesiástica. Una parte, la iglesia, certificaba y la misma se quedaba con la propiedad. Este sistema no parece muy ético.
Con este procedimiento se ha hecho con la propiedad de iglesias, ermitas y conventos, que no estaban registrados, cosa que se podría considerar razonable. Pero también otras propiedades, por ejemplo la Mezquita de Córdoba, joya del arte árabe declara Patrimonio Mundial por la UNESCO y que es de todos. Pero no hace falta ir tan lejos, aquí en Lanzarote, además de lugares de culto, también han registrado otros bienes como plazas (San Roque, Plaza de los Dolores y Plaza del Pilar, todas en Tinajo), cementerios (Tao, Guatiza y Teguise). Así, hasta 38 propiedades en Lanzarote y 408 en todo canarias. Y este atropello ha ocurrido en el siglo XXI, en un país democrático con un fuerte estado de derecho.
Este proceso recuerda, pero a la inversa, las desamortizaciones de los liberales Mendizabal y Madoz en el siglo XIX. Entonces se expropio a la iglesia tierras, con intención de entregarlas a los campesinos. El proceso fue más transparente, ahora ha sido opaco, ha habido gran resistencia a publicar los bienes registrados de este modo y se ha tardado mas de cinco años en hacerlos públicos. En aquellas, los beneficiarios pagaron las tierras, mientras que ahora la iglesia se han queda con estos bienes a cambio de nada. Y sobre todo, en esta ocasión se beneficia a una organización religiosa, perjudicando a la sociedad civil.
La iglesia no paga impuesto de bienes inmuebles por sus muchas propiedades, ahora aumentadas, cosa que si tenemos que hacer el resto de los mortales. Una prebenda más que en estos tiempos no tiene sentido. Tal vez este sea el momento idóneo para corregirlo.
Ahora solo cabe recurrir ante los tribunales esta inmatriculación. Hace más de cinco años que estas propiedades ya están a nombre de la iglesia. La inscripción se hizo con aquella legalidad vigente y, con la actual normativa, resultará muy difícil dar marcha atrás a este proceso. Solamente la acción política, en forma de una nueva ley, puede revertir esta situación.
Citando El Quijote diríamos ¡Con el clero hemos topado Sancho! Yo añado……….y con colaboradores necesarios.
