Que un hotel tenga cinco plantas cuando sólo podía tener tres es mucho más que un errorcito burocrático. Que otro invada lo que debió ser una vía pública y bloquee el acceso al mar, no es un pequeño detalle de forma. Que ...
Que un hotel tenga cinco plantas cuando sólo podía tener tres es mucho más que un errorcito burocrático. Que otro invada lo que debió ser una vía pública y bloquee el acceso al mar, no es un pequeño detalle de forma. Que multiplique por arte de magia el número de camas permitidas, tampoco. Cosas como éstas ha venido a poner sobre la mesa el informe presentado por el Cabildo en el Consejo de la Reserva de la Biosfera, que además de aportar claridad a un tema complejo del que se lleva hablando durante años, también ha asestado un golpe definitivo a la "teoría del papelito".
Durante mucho tiempo, y especialmente en los últimos meses, se ha escuchado a muchos sectores intentando minimizar la avalancha de sentencias judiciales que iban anulando licencias de hoteles y complejos de apartamentos turísticos en Costa Teguise y, especialmente, en Playa Blanca. Los empresarios afectados o sus "portavoces" y determinados políticos pretendían vender que realmente los incumplimientos eran mínimos y, poco más o menos, que el Cabildo le estaba buscando las cinco patas al gato al acudir a los tribunales.
A la cabeza de ese discurso estuvo siempre el ya ex alcalde de Yaiza, principal responsable de la difícil situación a la que ahora se enfrenta la isla. José Francisco Reyes sostuvo hasta el último día que era una pobre víctima perseguida por el Partido Socialista y que el problema era que la primera institución insular pretendía perjudicar a Playa Blanca no dejándole progresar.
Su particular cruzada contra la moratoria insular del año 2000 le llevó a ignorar esta normativa, saltándosela a la torera al conceder licencias, apelando de forma reiterativa a las sentencias en contra que ha recibido esa revisión del PIOT, pero olvidando que, mientras no sea anulada definitivamente, es la norma que está en vigor. En cualquier caso, el informe jurídico del Cabildo demuestra que esa moratoria no es lo único que vulneraron, ya que la inmensa mayoría de los establecimientos cuyas licencias han sido anuladas van también contra el PIOT de 1991, contra la normativa del Gobierno de Canarias y, en muchos casos, incluso contra los propios planes parciales.
Es decir, que frente al discurso de Reyes de que era la primera institución insular la que le ponía trabas, se ha demostrado que al conceder licencias, se saltaba hasta el propio planeamiento municipal.
Ahora, con este diagnóstico sobre la mesa, hay que empezar a actuar. Por un lado, depurando responsabilidades por lo sucedido, tal como exigieron muchos de los presentes en ese Consejo de la Reserva de la Biosfera. De hecho, la Fundación plantea llevar ese informe a la Fiscalía, y no hay que olvidar que los ex alcaldes de Yaiza y Teguise ya están imputados en un proceso penal en el que se investigan delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales en torno a la concesión de esas licencias, y que incluso la Unidad de drogas y crimen organizado recibió luz verde de los juzgados para rastrear sus patrimonios.
Pero por otro lado, también toca buscar una solución a esos hoteles y apartamentos que han sido declarados ilegales y que representan un 12 por del total de plazas en funcionamiento en la isla. Según el informe, todos son ilegalizables y por tanto están abocados a la demolición, ya que no se ajustan ni a la normativa que había cuando se construyeron, ni a la que rige actualmente. Así que para intentar regularizarlos y evitar el daño que supondría tirar al suelo una veintena de hoteles, que además exigirían indemnizaciones millonarias a los ayuntamientos que les dieron los permisos, la única opción es cambiar planeamiento a través de vías excepcionales. Eso es lo que ha propuesto el Cabildo, que pretende que en cada caso se alcance un acuerdo entre las tres administraciones implicadas y el empresario, que deberá aportar a cambio compensaciones al interés general a través de fórmulas como la desclasificación de camas en otras parcelas que aún no se hayan construido. Y después, habrá que llevar ese acuerdo a los tribunales que anularon las licencias para que establezcan si así se da por cumplida la sentencia que dictaron contra el establecimiento.
Para muchos, eso implica un proceso demasiado largo, que prolongará una situación nada deseable, con unas 8.000 camas que actualmente están funcionando en la isla, y que son ilegales. Y con ese argumento, parece que se vuelve a descargar sobre el Cabildo la responsabilidad de este problema, porque no hizo la vista gorda en su día ante la ilegalidad, y porque ahora que los tribunales le han dado la razón, tampoco quiere dar una solución rápida, a modo de aspirina sin efectos secundarios. Sin duda a muchos les gustaría eso, como también les gustaría llevar esto con "discreción" y sin demasiado ruido, pero después de años viendo un reguero de sentencias judiciales y mensajes contradictorios, los lanzaroteños tenían derecho a saber qué es lo que ha sucedido. Y también tienen derecho a que quede claro que si para ellos no hay pastillitas milagrosas cuando cometen una infracción, para los grandes promotores tampoco.
