Dos noticias terribles nos han golpeado durante estos últimos días, ambas relacionadas, una vez más, con la violencia machista. El juzgado de primera instancia de la Palma del Condado, Huelva, ha archivado el pasado 14 de diciembre la investigación sobre la denuncia de acoso y abuso sexual presentado por cuatro temporeras marroquíes, una de ellas embarazada.
Los abogados de las mujeres solicitaron su regularización por circunstancias excepcionales, pero la Subdirección General de Inmigración aún no ha respondido a dicha petición. De hecho, las temporeras, con hij@s pequeños en sus ciudades de origen, manifestaron que su intención no era residir en España, pero sí quedarse hasta ganar el caso para no ser repudiadas por sus familias. Sin embargo, el archivo del juez responde a la petición del letrado del empresario investigado, que calificó la denuncia de las temporeras de "maniobra" para evitar su vuelta a Marruecos una vez terminada la temporada de la fresa.
Una vez más, la víctima es quien recibe todas las acusaciones y sospechas. Es la víctima quien es señalada como alguien que quiere beneficiarse de algo en este durísimo proceso.
Además del caso anterior, hemos tenido conocimiento de un nuevo asesinato de una mujer. Se trata de Laura Luelmo, una profesora zamorana que se encontraba en El Campillo, provincia de Huelva, y que desapareció el pasado 12 de diciembre. El principal sospechoso de este asesinato es un hombre con un largo historial de violencia hacia las mujeres.
Desde la Confederación General del Trabajo condenamos todas las actitudes machistas. No sólo a los execrables agresores y asesinos, sino también aquellos que, mediante su complicidad, favorecen que esta lacra persista en nuestra sociedad. Ahora que hay quienes propugnan que se derogue la ley contra la violencia machista, ahora más que nunca alzamos nuestra voz para gritar muy fuerte.
Por Manuel Plasencia, Miembro del comité de empresa de Canal Gestión en representación de la CGT.
