Tenía que velar por la legalidad urbanística en su municipio, y no lo hizo. Tenía que impedir que un local empezara a levantarse sin ningún tipo de licencia, y además invadiendo un terreno marítimo que en definitiva es de ...
Tenía que velar por la legalidad urbanística en su municipio, y no lo hizo. Tenía que impedir que un local empezara a levantarse sin ningún tipo de licencia, y además invadiendo un terreno marítimo que en definitiva es de todos, y tampoco lo hizo. En lugar de eso, acudió a los Tribunales a defender la ilegalidad. Eso es lo que sostiene literalmente el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en una sentencia que, cuanto menos, tendría que sonrojar al alcalde del Ayuntamiento de Tías.
Y es que al margen de las críticas que ha lanzado la oposición en el municipio, e incluso de la solicitud de dimisión que ha formulado por escrito el grupo popular, lo verdaderamente contundente del caso es el propio fallo judicial.
Cuando el propietario de lo que hoy es el restaurante La Ola, Kumar Manuel Gangaram, inició la construcción del establecimiento, el propio Ayuntamiento decretó la suspensión de las obras, requirió la legalización y abrió un expediente sancionador, porque carecían de licencia. Sin embargo, todo quedó en papel mojado. Mientras se construía una piscina a no más de cuatro metros tierra adentro del mojón de dominio público marítimo terrestre, mientras se levantaba una terraza en una zona de tránsito, mientras se ocupaba una zona privilegiada, el Ayuntamiento no hizo absolutamente nada. Aparcó sus propios decretos y dejó que las obras continuaran, mostrando una clara "inactividad", según el TSJC.
Pero por si esto fuera poco, cuando un particular denuncio la situación, e incluso envió un requerimiento notarial al alcalde para que actuara, tampoco pasó nada. Y cuando esta persona decidió llevar el caso a los tribunales, la defensa del Ayuntamiento, que en este pleito ha estado representada por la hija de Felipe Fernández Camero, alegó que el recurso ya no tenía sentido porque las obras habían concluido y por tanto de nada servía precintarlas.
Es decir, que sabían que no tenían licencia, decretaron la suspensión pero no la llevaron a efecto y, una vez terminados los trabajos, sostuvieron que ya era tarde para intervenir. Algo que, además de por la pura lógica, también es desmontado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que en la sentencia viene a decir que no se puede premiar la actitud del infractor y que, incluso el hecho de que hayan culminado los trabajos no significa absolutamente nada.
Además de plantear que el Ayuntamiento debió precintar las obras e incluso cortar el suministro de luz y agua si era preciso, también plantea la posibilidad de la demolición llegado este momento, para restablecer el orden alterado.
Por más atractivo que sea el restaurante, no se puede consentir que alguien se salte las normas que todos los demás sí deben cumplir, que invada además un suelo que es de todos, porque se está cortando un acceso al mar, y que encima se le permita continuar con su actividad, alegando que las obras ya están terminadas.
Finalmente, el Ayuntamiento ha tenido que acatar la sentencia y este jueves, el concejal de Urbanismo, José Antonio Gutiérrez, firmaba un decreto ordenando el cierre del local. Pero lo que no ha terminado de explicar es por qué recurrió en su momento la primera sentencia que le obligaba a dar ese paso. Por qué, como dice el TSJC, defendió la ilegalidad en los tribunales.
Según Gutiérrez, se vieron obligados a hacerlo ya que en la primera causa, el denunciante no sólo iba contra el propietario de La Ola, sino también contra el Consistorio, que en ese primer fallo fue acusado de haber actuado con "temeridad y mala fe" por no haber precintado las obras en su momento. Sin embargo, lo cierto es que la estrategia del Ayuntamiento no fue sólo la de defender su actuación, sino la de pedir que se archivara el procedimiento. Es decir, que se dejaran las cosas como están. De hecho, durante todo el tiempo que ha durado el proceso judicial, también podía y debía haber ordenado el precinto, y no lo hizo.
Ahora, ha sido la Justicia la que le ha tenido que obligar a hacerlo. La que ha tenido que defender la legalidad en el municipio de Tías. La que ha tenido que velar por los vecinos, demostrándoles que sí son todos iguales ante la ley y que si a un vecino no se le permite hacerse un chalecito con una terraza bañada por las olas del mar, tampoco se le puede dejar hacerlo a un empresario. La que ha dejado claro que el suelo de Costas es de todos, y no puede ser usurpado por un promotor. La que ha hecho lo que en su momento no hizo el Ayuntamiento de Tías.
